Marco Trejo
La tecnología debe servir para mejorar la calidad de vida de las personas, pero en el caso que quiero mencionar el asunto es diferente. INFORNET es un servicio que ha servido, para afectar a miles de personas, al vender datos sensibles que no pueden ser comercializados, sin el consentimiento de los propietarios.
El tema no es nuevo, este caso tiene más de 10 años de estar en el tira y encoge de los tribunales de justicia, incluso en el 2015 la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar un amparo donde se indicaba que Informes en Red, Sociedad Anónima (Infornet); Digitación de Datos, Sociedad Anónima (DigiData) y Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, no podían comercializar la información porque violan los derechos constitucionales de los guatemaltecos.
A pesar de esta resolución, las tres empresas siguieron con el negocio, que puede ser calificado como difamación, porque no tiene la venia de los propietarios, por lo que se comete un delito, tanto por la empresa que los proporciona, como para el que los compra. Entre los datos que recopila INFORNET hay información civil, penal, laboral y crediticia de las personas.
Han llegado a mi poder expedientes donde los guatemaltecos no pueden acceder a un empleo, un préstamo o bien la compra de un bien inmueble porque su nombre aparece, en la base de datos de las comercializadoras, las cuales en muchos casos, no han actualizado los datos y extorsionan a las personas al cobrar Q250 para eliminarlos de la plataforma de consulta.
La personas, la empresa o la entidad que quiera consultar los datos debe pagar US$7.00 por cada revisión, pero lo delicado de todo esto es que no cuentan con la autorización del propietario, quien se encuentra amparado en la Constitución Política de la República y en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Entre los casos que he tenido acceso, hay uno de una familia que fue involucrada en un caso de secuestro y violación de una menor, el cual fue desestimado por la fiscalía del Ministerio Público de Villa Nueva, porque se trató de “una pequeña equivocación”, pero como el caso llegó a los tribunales de justicia aparecía en la base de datos de INFORNET.
La familia afectada, por el mal accionar de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con los fiscales de Villa Nueva, lograron aclarar las sindicaciones y limpiaron su nombre, porque todo fue un mal entendido, según la resolución del juzgado que conoció el expediente. Al tratar de buscar trabajo los dos jóvenes sindicados, un joven y una jovencita, pasaron varios años con la mala referencia que daba INFORNET, empresa que argumentaba que no podía actualizar la base de datos, si no le pagaban una cantidad equis de dinero para hacerlo.
Los empleados de la empresa, que funciona en la zona 4 capitalina, en el interior de un parqueo a un costado del Teatro Nacional, con tono de burla, indicaban que si no pagaban, iban a pasar 10 años en los archivos, porque esas son las directrices de los dueños y que la central había sido trasladada a la ciudad de San Salvador, El Salvador, donde han empezado a operar.
No puede seguir sucediendo este tipo de casos en Guatemala, mucha gente valiosa ha migrado a los Estados Unidos, por este tipo de problemas o bien han tenido que incursionar en la economía informal, porque los jefes de Recursos Humanos, no van más allá y se limitan a descalificar a las personas, como no aptas, para acceder a un puesto laboral, incluso en muchos casos sin haber sido sentenciados por juez competente.
Esta semana el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal le ordenó al Ministerio Público (MP), iniciar una investigación contra los personeros de las empresas comercializadoras de datos, por lo que ahora este ente pesquisidor, tiene en sus manos hacer justicia por miles de guatemaltecos, quienes de manera ilegal, se han visto afectados y han perdidos oportunidades, de toda índole, para sacar adelante a sus familias.
