Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos

Justo hace una semana escribía en este mismo espacio, sobre la necesidad de que el semáforo epidemiológico que regula, desde el pasado lunes, las actividades permitidas a la población y los límites de las mismas, en los distintos municipios del país, estuviera sincronizado con nuestra realidad, sobre todo, por la necesidad de todos de poder acceder a nuestras fuentes de trabajo, evitar que el poco ahorro que le quedaba a aquellas familias que lo tenían se terminara de dilapidar tratando de sobrevivir o que aquellos que ya sobrevivían, día a día antes de la llegada del virus, pudieran acceder a ese ingreso mínimo con el que mal vivían.

No fue ninguna sorpresa que la mayoría de centros urbanos del país y por supuesto la ciudad de Guatemala quedarán en semáforo rojo, si fue sorpresa y mayúscula, la determinación de la Coprecovid y del MSPAS, al respecto de que el mismo semáforo rojo permitiera la apertura inicial y moderada de las empresas o centros de trabajo denominados como no esenciales y que se permitieran varías actividades que supuse no serían autorizadas en semáforo rojo como el transporte público.

Debo de ser conteste con lo expresado con anterioridad y creo que esa desescalada paulatina del confinamiento aliviará las penas económicas de muchos, entiendo por supuesto que el contrapeso a esa mejora en la situación económica, será el incremento del riesgo de contagios y que se produzca un aumento en la cantidad de pacientes que colapsen nuestra precaria red hospitalaria.

Sigo creyendo que no había gobierno en el mundo preparado para esta pandemia y que el nuestro, con temor y sabido de las graves carencias que nos distinguen, fruto de años de despilfarro y de corrupción, nos mandó a todos a confinamiento forzoso dada la incapacidad del sistema de enfrentar la enfermedad o de siquiera poder medirla, sin las pruebas necesarias para hacerlo.

Contrario a lo que se suponía, la desescalada, aún con lo que permite el semáforo epidemiológico, ha sido lenta, muchas empresas tomaron varios días para preparar protocolos y no se reintegrarán a la actividad hasta la próxima semana. Los centros comerciales, también autorizados para abrir con limitación de afluencia de clientes abrirán hasta este fin de semana. De igual manera, el transporte público, ya un caos sobre ruedas en tiempos normales, se mantiene en el impase de que hacer ente la implementación de protocolos, la limitación en el número de pasajeros y la imposibilidad de subir el valor del pasaje.

Toca a todos el velar por que la apertura económica no nos lleve a una tragedia, el Gobierno debe imponer multas y sanciones a quienes no observen detalladamente los protocolos de salud establecidos, toca a las empresas y patronos observar los límites de ocupación en los espacios donde se desarrollan las labores y velar por la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo, toca a los trabajadores y al público en general observar las reglas y sobre todo entender que si no tienen necesidad de salir, no salgan. Las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los enfermos crónicos deben de ser protegidos, la responsabilidad debe de privar, las actividades y los limites a las mismas, impuestas por el semáforo deben considerarse máximos permisibles y no licencias para ser irresponsables.

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