Juan José Narciso Chúa
La denuncia que hizo el día de ayer José Rubén Zamora en El Periódico de ayer, no pudo ser más contundente. El Pacto de Corruptos es un eslabón nada más de una cadena de conspiradores que persisten en mantener el orden de cosas bajo su control. La presencia de personajes de mala recordación y baja calaña, así como de empresarios y del propio presidente -tal como lo denunció valientemente José Rubén-, no resulta nada extraño, al contrario, expresa claramente la configuración de una alianza que va más allá de la corrupción.
Esta entente de impunidad condensa un conjunto de personas que representan a instituciones, pero aún más constituyen el vehículo sobre el cual descansa, el establecimiento de la continuidad en el bloque en el poder, de aquellos grupos que mantienen la visión de un país, que es “su país”, son los mismos que se aglutinaron en contra de la CICIG y que hicieron el cabildeo respectivo en Washington, perfilaron acciones como el traslado de la Embajada de Israel a Jerusalén, con la única intención de afinar relaciones con la administración Trump, la cual urgida de aliados, aunque fueran insignificantes, buscarán una situación de quid pro quo, en donde ambos saldrían gananciosos.
Pero ayer también emergió la alianza iglesias evangélicas con un comunicado que expresa la convicción más conservadora y ruin, apoyando la destitución del actual Procurador de los Derechos Humanos, por su apoyo al movimiento LGTBQ, pero en consonancia con la estrategia de acabar para siempre, con cualquier expresión que cuestione la entente de la impunidad y la corrupción, así sean magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así sea el Fiscal contra de la Impunidad Francisco Sandoval y así sea la jueza Ericka Aifán.
La lucha es anular y defenestrar cualquier atisbo institucional que contraríe los dictados de esta alianza a favor de la impunidad y la corrupción. Todo esto emerge a partir de la resolución de la CC para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales, en la cual se establece con propiedad, la necesidad de elección marginando a diputados y magistrados que han hecho su cabildeo con el alfil de la impunidad, Gustavo Alejos.
El control del Estado pasa por elegir un presidente que se adecúe a sus necesidades e intereses, para lo cual lo primero fue eliminar del proceso de elecciones a la anterior Fiscal General Thelma Aldana, para dejar a dos candidatos que se plegaban a sus condiciones y así terminó como presidente el actual mandatario, quien ha jugado el papel de sordo útil, así como ha callado cuando la crisis es institucional. Ayer mismo se destaparon las interioridades de la contratación de un seguro escolar que no funciona, así como las direcciones de las empresas son inexistentes, no tienen oficinas y en fin termina en el hedor propio de la corrupción.
Enjaular la justicia es uno de los objetivos de esta entente de impunidad, pues hoy ya tienen al Ejecutivo controlado e igualmente tienen a un Congreso de la República que domina la votación y que continuará deteriorando aún más el tejido institucional del país, así como erosiona las bases de nuestro sistema republicano y coloca al país ante una disyuntiva en donde se apunta es nada más a un Estado fallido.
El apoyo al Procurador de los Derechos Humanos, a los magistrados notables de la Corte de Constitucionalidad, a jueces honrados y dignos como Ericka Aifán y Miguel Ángel Gálvez, a fiscales como Francisco Sandoval, a magistradas como Delia Dávila, María Eugenia del Carmen Aceña, Silvia García y a diputados que hacen oposición día a día y en contra del Pacto de Corruptos, es imprescindible en estos días cuando nuestra institucionalidad se encuentra en serio peligro y el país está a punto de hundirse. El apoyo de congresistas como Norma Torres y otros, así como el respaldo del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala es imprescindible. No debemos permitir que acaben con nuestra dignidad, ni con nuestras instituciones.
