Víctor Ferrigno F.
En solidaridad con el PDH, Jordán Rodas Andrade.
Hace 75 años, el 26 de junio de 1945, se firmó la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, al terminar la Conferencia de la ONU, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, incluyendo el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
La Carta de las Naciones Unidas nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y su firma, hace 75 años, trajo reglas y esperanzas a un mundo en ruinas por la guerra, y sirvió para cerrar una era y dar el inicio a otra, señaló el Secretario General de la ONU, el pasado viernes, en su mensaje por la conmemoración de la firma del tratado.
“Continúa siendo nuestra piedra angular para un mundo envuelto en una pandemia, desgarrado por la discriminación, en peligro por el cambio climático y marcado por la pobreza, la desigualdad y la guerra”, recordó.
Guatemala fue uno de los 51 Estados que dieron vida a la ONU, cuando el canciller guatemalteco, Guillermo Toriello, suscribió la Carta de las Naciones Unidas, en representación del Gobierno de la Revolución, encabezado por Juan José Arévalo Bermejo, que diera vida a la lejana primavera democrática en nuestro país.
Sin embargo, António Guterres advirtió que pese a la importancia de los acuerdos multilaterales logrados después de la Segunda Guerra Mundial, las realidades a las que nos enfrentamos actualmente “son tan devastadoras como siempre”. Entre ellas citó la pandemia del coronavirus, la pérdida de confianza de la ciudadanía en los sistemas políticos o las actuales manifestaciones contra el racismo.
Esa realidad devastadora es la que vivimos hoy en Guatemala, sometida a un Golpe de Estado técnico, para invalidar las funciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), defenestrar al Procurador de los Derechos Humanos, y abolir la vigencia de los Derechos Humanos, lo que implica un retroceso de 75 años en la vida democrática del país.
La Segunda Guerra Mundial, la conflagración más devastadora de la humanidad, fue impuesta por el Eje, una alianza catastrófica, integrada por Alemania, Italia y Japón, derrotada por los Aliados, gracias a un decisivo accionar político militar del resto de la humanidad. Siguiendo ese parangón histórico, la ruptura constitucional y el retroceso democrático en nuestro país, ha sido impuesto por el pacto de corruptos, en el marco de la guerra contra el Covid-19.
A partir de 1960, las contradicciones socio-políticas y económicas dieron origen a una guerra interna, que duró 36 años, dejando una enorme cauda de muertos, desaparecidos, torturados, desplazados y exiliados. En 1996, se suscribieron los Acuerdos de Paz, para transformar al país y construir un Estado democrático y multinacional de Derecho. Desde hace cuatro años ese proceso transformador ha sido frenado progresivamente, y ahora retrocedemos de golpe, debido al accionar de una pérfida alianza de empresarios venales, políticos corruptos y militares genocidas.
Durante las últimas elecciones, gracias a un fraude de ley que invalidó la candidatura de Thelma Aldana y otros postulados a diputados, el pacto de corruptos se hizo con los Organismos Ejecutivo y Legislativo, y con el Tribunal Supremo Electoral, afianzó el control sobre la actual Corte Suprema de Justicia y, ahora, pretende apoderarse de manera espuria de la CC y de la PDH.
Lo que no pudieron lograr con la guerra, ahora lo han conseguido por medio de la corrupción, la impunidad y la abulia de una ciudadanía que, ahuevada por la pandemia, deja hacer y deja pasar.
Es urgente y necesario que el Pueblo despierte, salga a la calle y recupere la democracia y la libertad que nos han arrebatado, antes que nos mate el Covid o el hambre.
