José Roberto Alejos Cámbara
El tres de abril del presente año el Congreso de la República aprobó el Decreto 15 – 2020, con el objeto de mitigar la crisis financiera de la población, afectada entre otras cosas por las medidas adoptadas para frenar la propagación del COVID-19. Fue remitido al Organismo Ejecutivo, y, éste lo devolvió el 28 de abril con el respectivo veto adjunto. Los diputados no aceptaron las razones de inconstitucionalidad del Presidente, y el 30 de abril rechazaron las razones del veto, como consecuencia se tuvo por sancionado y correspondía su publicación. El nuevo plazo para publicación venció el 18 de mayo sin que ocurriera. Han transcurrido 48 días desde su aprobación, esta mañana debería haberse publicado por orden de la Comisión Permanente del Congreso de la República, recordemos que estamos en receso parlamentario.
Junto al veto el Presidente remitió una iniciativa de ley, para consideración de los diputados. Ésta si tiene inconstitucionalidades, tales como asignarle a la municipalidad de Guatemala 45 millones de quetzales para cubrir el costo del servicio de agua, lo cual no solo es injusto y poco equitativo con el resto de municipalidades, si no prohibido por la Constitución, porque no que no señala fuente real para su financiamiento. El hecho es que no sabemos si el presidente no la publicó para demostrarle al Congreso su desacuerdo (aunque públicamente expresó que respetaría la decisión) o porque tenía la esperanza de que la Corte de Constitucionalidad le diera la razón suspendiendo el trámite antes del vencimiento de los plazos.
En todo esto el ciudadano seguramente percibió, que el Congreso como cosa rara llega a acuerdos con una ley que beneficia a un enorme sector de la población, pero que al Presidente no le gustó. Una noche se observó al Presidente, rodeado de los representantes de las empresas públicas y privadas que estarían supuestamente afectadas con esta decisión, se comprometían a no afectar a la población con o sin ley, lo que tampoco sucedió; incluso, existen quejas de que los servicios aumentaron su precio, algunos posponen el pago, pero carga los intereses y en otros casos no gozan de ninguna oferta porque ya tenían atraso o incluso proceso de cobro.
Publicada la ley surge la duda de cuánto tiempo estará vigente, si han planteado por lo menos 14 amparos, no faltarán las inconstitucionalidades y las posibilidades de suspensión son altas. Significa que el honorable Congreso tendría que elaborar otra iniciativa de ley, de común acuerdo con los prestadores de servicios, para que no impugnen, y reunir 107 votos para aprobarla otra vez de urgencia nacional. Si así fuera, tendría que volver a pasar por los mismos pasos ya descritos. Entraría en vigor en julio si bien nos va. Lo que quiero resaltar, es el hecho de que en este país seguimos sin la capacidad de llegar a acuerdos de beneficio nacional, ni para evitar que la crisis sea mayor y más difícil de enfrentar. Se necesita que los actores políticos y económicos encuentren el camino, realicen un gran diálogo nacional, y se tomen las grandes decisiones que verdaderamente transformen el país, anteponiendo el bien común y el beneficio social conforme los principios constitucionales. No es posible que en Guatemala los acuerdos no se logren ni para salir de la crisis.
