Víctor Ferrigno F.
El pasado 21 de abril, una alianza internacional de organismos de la ONU, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan para abordar las causas profundas del hambre extrema publicaron una nueva edición de su Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias. Las noticias son malas y empeorarán por la pandemia.
El informe indica que a finales de 2019, 135 millones de personas de 55 países y territorios sufrían de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 o superior de la CIF/CH). Además, en los 55 países con crisis alimentaria a los que se refiere el informe, 75 millones de niños sufrían de retraso en el crecimiento y 17 millones padecieron escualidez en 2019.
Se trata del nivel más alto de inseguridad alimentaria aguda y malnutrición documentado por la Red desde la primera edición del informe en 2017.
El año pasado, la ONU advirtió que más de 820 millones de personas pasan hambre y unos 2000 millones sufren su amenaza. “Los nuevos datos confirman que el hambre ha ido en aumento en muchos de los países cuya economía ha entrado en una fase de desaceleración o de contracción”. Este año señala que el COVID-19 y la recesión mundial generarán una crisis sanitaria y económica que expondrá a la falta de alimentos y su consecuente riesgo de muerte a aproximadamente 265 millones de personas alrededor del planeta durante 2020. Advierte que “será una hambruna de proporciones bíblicas”.
En América Latina y el Caribe viven 18,5 millones de estas personas sin oportunidad de consumir alimentos adecuados, lo cual pone en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia. Este mundo de gente hambrienta es el blanco principal del COVID-19, víctimas de la indiferencia social, de la corrupción y de la desigualdad.
En Guatemala la situación es grave y empeorará. Un estudio realizado a nivel nacional por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), a mediados de 2019, sobre pequeños productores y jornaleros agrícolas, reportó que 93% de estos hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria. Esto se agravará, pues por la pandemia se frenó el trabajo en las fincas, se interrumpieron las cadenas de suministro, y ya se sufre el alza de precios.
El año pasado, los trabajadores que tenían empleo apenas lograron cubrir el 74% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), por lo que no cubrieron un cuarto de sus requerimientos alimenticios. Este año, por la pandemia, a cientos de miles de trabajadores les “suspendieron” sus contratos, y muchos más fueron despedidos sin mayor trámite. Los trabajadores informales y los jornaleros agrícolas la tendrán peor.
Por eso el mundo aplaude iniciativas como Acelerador ACT, convocada por la OMS, en alianza con varios gobiernos y la Comunidad Europea, para acelerar el desarrollo de test de diagnóstico, fármacos y vacunas contra la Covid-19, garantizando que todos tengamos acceso a ellos de manera equitativa. La iniciativa busca reunir U$ 7, 500 millones de dólares para enfrentar la pandemia.
En Guatemala, es urgente que comencemos a formular e implementar un Plan Nacional de Contingencia, concertado, inclusivo y democrático, para enfrentar la pandemia y el hambre. Esta crisis es la última oportunidad del Congreso para reivindicarse, y viabilizar el Plan Nacional, aprobando fondos, leyes y políticas públicas.
La otra opción es hacerlo a la mala, pues la ecuación pandemia-recesión-hambre es sinónimo de estallidos sociales y crisis. El peor escenario es que terminemos poniéndonos de acuerdo sobre una pila de muertos, acciones represivas y caos. La clase política y la cúpula empresarial tienen una oportunidad inédita para ganar legitimidad. Ojalá nunca olviden que un pueblo con hambre, es un pueblo sin paz.
