Debe aprovecharse la crisis derivada del coronavirus, para darle vuelta al sistema de atención que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, para potenciar las capacidades del campesinado guatemalteco. Sin dejar de tender la crisis, debe visualizarse lo estratégico en el área rural e invertir todos los recursos necesarios para fortalecer y revitalizar la Economía Campesina.
En el Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral aprobada mediante acuerdo gubernativo 196-2009, se define que la Economía Campesina es “el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. La economía campesina es poli-activa y sus expresiones varían de región en región, determinadas por los elementos socioculturales y por los factores físicos del entorno. Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades”.
En la Política Agraria aprobada mediante acuerdo gubernativo 372-2014, existen lineamientos para el abordaje y atención a la Economía Campesina y se establece que: “deben realizarse las siguientes líneas de acción: caracterización territorial de la economía campesina, asistencia técnica y financiera, provisión de insumos de forma focalizada y apoyo al acceso y disponibilidad de alimentos. Debe, además, promover y facilitar la certificación de la producción de organizaciones de productores y el acceso, uso y aprovechamiento del agua. También debe apoyar la gestión para la prevención de riesgo a las amenazas naturales, de manera que las acciones realizadas sean en el marco de la protección y conservación del ambiente”.
No se debe inventar el agua azucarada, existen infinidad de propuestas, instrumentos legales y debe ser el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el ente institucional del organismo ejecutivo el que debe tomar el liderazgo y generar la estrategia de atención para la promoción y revitalización de la Economía Campesina. Hoy más que nunca se debe invertir en programas y proyectos que generen sostenibilidad y que contribuyan sustancialmente al abordaje de la seguridad alimentaria post Covid-19.
Es necesario hacer inversiones y transformaciones en el abordaje de la seguridad alimentaria en área rural, los huertos urbanos son una parte de la Economía Campesina, sin embargo, debe darse un abordaje integral, haciendo partícipes a las comunidades indígenas y campesinas y sus distintas expresiones organizativas. La crisis derivada del coronavirus, puede ser una oportunidad para revertir las viejas tradiciones clientelares y cortoplacistas del MAGA.
La asistencia técnica y económica al campesino es una obligación del Estado de Guatemala, establecida en el artículo 119 de nuestra Constitución, el cual establece que se debe: “Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza e impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica”.
