Luis Fernando Bermejo Quiñónez

@BermejoGt

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Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
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Otra de las consecuencias de las medidas de emergencia decretadas por la crisis del coronavirus no solamente es la parálisis del sector privado y sus consecuencias económicas, sino además, la semi-parálisis del Estado. Las oficinas administrativas del Estado se encuentran cerradas, los registros estatales cerrados o a trabajando a “medio vapor” y la administración de justicia paralizada con pocas excepciones. No debería ser así.

En medio de la crisis se ha visto al “teletrabajo” como la solución para que el sector privado no paralice totalmente sus actividades. Sin embargo, el sector público no tiene el andamiaje ni el equipo para poder actuar de esa forma. Vale la pena reflexionar sobre esto en este momento porque lo que demuestra esa falta de capacidad es la carencia de visión de cómo debe funcionar un Estado Moderno en pleno siglo XXI. En algunos países, la mayoría de trámites registrales se pueden realizar en forma electrónica. En materia judicial, en algunas jurisdicciones, se pueden plantear solicitudes, demandas y cualquier petición de forma electrónica por medio de plataformas tecnológicas seguras. En esta crisis, en los Estados Unidos se están realizando audiencias judiciales usando Zoom. Pero sin ir muy lejos, de la misma forma, las gestiones y consultas de atención al cliente de instituciones se pueden realizar por teléfono. Contraste esto estimado lector con la típica respuesta de las autoridades gubernamentales en Guatemala de que “no se da información por teléfono” sino sólo “personalmente”. Imagínense por un segundo que esa conducta fuera típica en un país como Estados Unidos donde las distancias son tan grandes. El asunto es que no es un tema de tamaños de países, es de eficiencia del Estado y de voluntad de hacer las cosas bien pero de forma fácil para el usuario. Implica incluso un cambio de mentalidad del empleado público. Volviendo al tema del teletrabajo, me llama la atención que en las instituciones públicas no tengan el equipo disponible para hacer eficiente el teletrabajo. Desde cierta óptica lo que se necesita es poco en materia de equipo, e indudablemente es necesario que se vaya migrando a computadoras portátiles paulatinamente. Pero quizá el escollo más grande es que no existen las plataformas electrónicas que permitan que la gestión gubernamental pueda desarrollarse no necesariamente desde el “escritorio” en la oficina de gobierno. Inversamente, esas plataformas permitirían que las gestiones en las instituciones públicas no tengan que hacerse in situ en la institución de gobierno. Los ahorros para el Estado serían importantes al no tener que tener oficinas de gran tamaño, se necesitaría menos personal y se reduciría el papeleo y los costos de su gestión. Se pudiera utilizar la inteligencia artificial y obtener ahorros considerables. Ahora que el Presidente Giammattei quiere reducir el gasto público una estrategia bien definida sobre esto tiene mucho sentido.

No obstante lo expuesto anteriormente, la modernización del quehacer del Estado también puede servir para transparentarlo. Imagínese estimado lector que por medio de la tecnología pudiéramos tener acceso a una plataforma tecnológica que muestre en qué se gasta cada centavo de cada institución y que tuviéramos acceso incluso a los cheques emitidos. Por otro lado, imagínese que tuviéramos acceso a la nómina de empleados, funcionarios y asesores en las instituciones públicas y sus contratos de soporte y que tuviéramos acceso a todas las actas de los directorios, juntas directivas y de todos los órganos rectores del Estado automáticamente. Por un segundo visualice estimado lector, el poder que tendríamos como ciudadanos si pudiéramos presionar un enlace y pudiéramos visualizar las reuniones presenciales de dichos órganos, pudiendo tener acceso a las deliberaciones de los funcionarios y de todos los intereses corporativos que tienen representación en “n” cantidades de instituciones públicas y conocer cuáles son sus posturas en relación a las políticas públicas que se discuten y conocer las “entrañas” de cómo se elaboran. Imagínese eso estimado ciudadano. Esa transparencia a muchos les daría miedo, les restringiría su actuar, pero en mi opinión, a eso debemos aspirar en el siglo XXI. Aprovechemos esta oportunidad para mejorar el funcionar del Estado.

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