Por Jorge Santos
Hace unos días en redes sociales se hizo viral la frase “un futuro sin CACIF”, como resultado de los posicionamientos y acciones en las que evidentemente se resguardan exclusivamente sus intereses por encima de los de la población, incluso por encima de los derechos a la vida y la salud de las y los guatemaltecos. Y es que en el marco de la emergencia que esta dándose a partir de la Pandemia del Coronavirus, sus peticiones y accionar han estado encaminadas a lacerar derechos fundamentales de la población, particularmente de aquella que labora en sus empresas.
Pero este tipo de posiciones no son nuevas, ni mucho menos sorprenden; aunque el origen de las mismas sean profundamente deshumanizadas y sinvergüenzas. A lo largo de su recorrido histórico este referente de los mayores capitales en el país, se ha caracterizado por cooptar la institucionalidad pública, velar por la punta de sus narices y producir una institucionalidad pública débil, ineficiente y corrupta para brindar bienestar común a la sociedad, pero si han reproducido una institucionalidad ágil, eficiente y rápida para satisfacer sus intereses y sus caprichos, aunque estos signifiquen y hayan significado pobreza, exclusión, discriminación e inequidad.
Si hay un actor al que podemos responsabilizar del enorme debacle que vive hoy el Estado de Guatemala es a este ente gremial de la elite económica, llamado CACIF. Según el artículo de Luisa Fernanda Rodríguez, publicado en enero de 2018, por el medio digital Plaza Pública se afirma que “el sector empresarial organizado de Guatemala tiene influencia real en las decisiones de Estado sobre aquellos asuntos que son de su interés. Con el apoyo del poder político (Congreso y Ejecutivo) ha asegurado ocupar una silla, con voz y voto, en al menos 58 juntas directivas, comisiones y comités de diferentes rangos en instituciones estatales que les permiten darle forma al sistema de reglas y normas que rigen multitud de transacciones y decisiones, además de acceder de manera urgente o privilegiada a información. Leyes, acuerdos y reglamentos aprobados por el Congreso, la Presidencia de la República o los Ministerios, legalizan la participación del Cacif o las cámaras empresariales en las instancias en las que se diseñan las políticas públicas del país”.
Y es que estas expresiones del poder en la toma de decisiones, ha quedado más que claro en el manejo de la crisis que Giammattei, ha realizado; todas sus decisiones se han realizado al sabor y antojo de dicha cúpula. No ha bastado poner en riesgo la salud y vida de millones, sino se han hecho concesiones económicas importantes a este sector, mientras a las y los pobres del país se les sigue exigiendo la “milla extra” para que los señores caciferos, puedan seguir gozando de los privilegios históricos que sostienen sus riquezas. De ahí lo atinado de la consigna lanzada en redes sociales “un futuro sin CACIF”, porque de convertirse en real, seremos sin lugar a dudas una sociedad donde la justicia y la equidad se podrán construir.
