Luis Fernández Molina
A muchos guatemaltecos y centroamericanos en general, nos causa asombro, sazonado a veces con gramos de envidia, los índices positivos que tiene nuestra hermana república de Costa Rica. Después de todo es un país mucho más pequeño con menor población, con menos atractivos, etc. Sin embargo, los ticos se han logrado colar entre los países más desarrollados del mundo en muchas ramas, no solo en inversiones de alta tecnología ni en el fútbol (5 asistencias a copas del mundo). Para empezar, es un referente del turismo ecológico y de descanso del que mucho se menciona en Estados Unidos y Europa. No tienen, ni de lejos, los esplendorosos sitios prehispánicos con que cuenta Guatemala, tampoco monumentos coloniales ni la cultura viva, variada, ancestral, que convive en el altiplano. Si bien, tienen selvas, lagos y volcanes, nosotros también las tenemos y Nicaragua tiene maravillas naturales que en mucho las superan.
Las elucubraciones no cabrían en este espacio. Por ello me habré de referir a su sistema electoral del que no derivan campañas millonarias ni favores políticos para quienes hayan colaborado con el partido ganador. Por eso su burocracia no es enmarañada como la nuestra y cada vez tratan de darle fluidez. Valga de ejemplo la reciente Ley 8220, que, literalmente, se llama “Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”. ¡¿Qué tal?!
Dicha ley aplica “a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas”, se excepcionan trámites de defensa y seguridad nacional. Con las nuevas tecnologías (software de punta) deben llevar registro de la información que un administrado ha proporcionado a cualquiera de las dependencias. Por eso, dicha información “no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean”. Con la autorización del administrado esa información se podrá remitir a otras entidades o funcionarios. Por ejemplo, el DPI, el RTU, la patente de comercio, la patente de sociedad, escritura constitutiva, nombramientos de representantes legales, el permiso tal o cual o “fe de bautizo”.
Son varias las novedades que comprende esa ley. Se impone a los empleados públicos que no den curso en forma pronta y correcta, sanciones que van desde suspensión sin salario de 3 a 8 días, de 8 a un mes ante el segundo incumplimiento y despido sin responsabilidad patronal, para los casos de tres o más incumplimientos. Igual debería premiarse a los burócratas proactivos. (Ojo Ley de Servicio Civil).
La joya de la corona es el “silencio positivo” que aplica en “solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas. Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el administrado presente a la Administración una declaración jurada, debidamente autenticada, haciendo constar que ha cumplido con todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de los permisos, las licencias o las autorizaciones y que la Administración no resolvió dentro del plazo correspondiente.” En Guatemala aplicamos lo contrario, el “silencio negativo.”
Más que de calcar o copiar de los ticos lo que tenemos que hacer es simple: revisar lo que tengan de positivo esas propuestas y aplicarlo a nuestros procedimientos. En todo caso cambiar de actitud.
