Walter Juárez Estrada
Los tribunales deben actuar con estricto apego a la ley, no plegarse a intereses espurios. El Ministerio Público ceñirse a la Constitución como auxiliar de la administración de justicia, no ser tolerantes y sumisos con los directivos del desaparecido Banco de Comercio y/o Organizadora de Comercio y exigir al Estado de Guatemala, el resarcimiento de su dinero, pedir el encausamiento de la expresidenta de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, María Antonieta del Cid de Bonilla y del exsuperintendente de Bancos Willy Waldemar Zapata Sagastume y de los exdirectivos bancarios que huyeron al extranjero.
Con estupor e indignación los miles de afectados por la ficticia quiebra de dicho banco, piden justicia pronta y cumplida, solicitando la extradición de Zapata, refugiado en México, donde ocupa un cargo internacional y contra los directivos Jorge Ibarra Rivera-Iglesias, Carlos Enrique Abularach Zablah, Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz (uno de estos últimos ya fallecido). Roberto Manuel Segovia Olivotto, fue condenado y por no tener bienes para resarcir a los exinversionistas, continúa guardando prisión.
Los agraviados y querellantes adhesivos demandan que comparezca ante los tribunales el expresidente Oscar Berger que con su anuencia y autorización permitió que “sus amigos” los exdirectivos banqueros, se fugaran al extranjero. El MP “fue incapaz” de pedir su arraigo y la extinción de sus bienes para compensar el “robo” de los frustrados inversionistas, en su mayoría gente de la provincia de condición humilde. Por razones inexplicables del ente investigador, el proceso se sustancia en el Tribunal de Mayor Riesgo A, donde está imputado con medida sustitutiva un “testaferro” de los exdirectivos bancarios Pedro Vidal Velasco, un sujeto de apariencia de conserje o jardinero a quien se le sindica de haber obtenido un préstamo de 5 millones de quetzales en el BC, sin tener respaldo económico.
Los afectados reiteradamente han pedido que se condene al Estado guatemalteco y les devuelva sus haberes que llegan a varios millones, pero los tribunales han rechazado la petición, por lo que se apeló a una sala de alzada, y esperan que la sala revoque la negativa y se declare que ha lugar al resarcimiento requerido y que el Congreso, dicte una ley para favorecer a los agraviados. Varios han muerto al no recuperar su dinero y otros padecen de enfermedades, han recurrido a amigos y parientes para que los auxilien para curar sus males a falta de dinero.
Este enero se cumplen 13 años de la ficticia quiebra de dicho banco y hasta hoy el MP no ha accionado para pedir la extradición de los exdirectivos para que respondan al agravio y pérdida de su dinero, asegurando que en casos mediáticos el MP pone atención cuando políticos y funcionarios corruptos han hecho de la hacienda pública su modo de vivienda para vivir a cuerpo de rey. No hay ninguna diferencia entre exfuncionarios ladrones y políticos de igual calaña con exdirectivos y bancarios, y los expersoneros del desaparecido Banco de Comercio.
