Walter Juárez Estrada
Como una flagrante violación, califican las personas a quienes ilegalmente les han sido confiscados sus bienes, sin un debido proceso, por tener relación de parentesco, comercial-política y de otra índole quienes han sido acusados por los órganos de investigación de enriquecimiento ilícito, que están siendo sustanciados en los tribunales penales. Arguyen que se han cometido ilegalidades violando su derecho de defensa, demandado de la fiscal general Consuelo Porras de Porres, que cada imputación, sea revisada, les devuelva lo que arbitrariamente les han despojado.
Esa ley de despojo brutal se viene aplicando a raíz de haberse desbaratado la corrupción, expulsando del poder a figuras de primer orden, quienes penden ser condenados a varios años de cárcel por el robo descarado a la hacienda pública, sus bienes les fueron extinguidos, pasando a poder del Estado, cuantificándose por millones, que incluyen monetarios, inmuebles y otros haberes obtenidos ilegalmente.
Sin embargo, cuando operó la CICIG que acompañó en sus denuncias al Ministerio Público, por cuestiones políticas o quizás venganzas -algunas-, se abrió una cacería de confiscación, sin darle la oportunidad a los supuestos agraviados de defenderse, mostrar que los bienes despojados fueron habidos lícitamente, poniéndose como ejemplo la denuncia que hizo en el MP el doctor Baldizón, padre del excandidato presidencial del expartido Lider, Manuel Antonio Baldizón Méndez, que se declaró confeso en los Estados Unidos, de haberse aprovechado de su condición de diputado para hacerse millonario, para lograr con su –aceptación-, una condena benigna, poniéndose de las autoridades los bienes adquiridos, supuestamente ilícitamente.
Baldizón -padre-, le pide a la fiscal Porras, que reconsidere la confiscación de sus bienes, señalando que las acusaciones penales, son personalísimas y no puede involucrarlo con su hijo; lo que posee indica, es producto de muchos años de trabajo como médico en Petén, es ilegal, inhumano e injusto y arbitrario el despojo, solicitando una investigación a fondo y se repare el error, se escuche, le violentaron sus derechos de propiedad lícita. Como el caso de los Baldizón, hay miles. Creemos -sin que se crea que es una defensa oficiosa-, se hagan las investigaciones no se cometan arbitrariedades. En la mayoría de los casos, la ley se aplica por denuncias falsas, indagaciones, sin que los fallos causen firmeza o hayan precluido. Si efectivamente se han cometido ilegalidades, es razonable que se enmienden no es ilegalidades, que las cosas vayan a cambiar en Guatemala, la corrupción está enraizada y no es en cuatro años que todo va a cambiar… Eso es falacia e hipocresía…
