Tras conocerse el informe del Inacif respecto a las causas de muerte de los miembros del Ejército asesinados esta semana, la versión oficial de que fueron atacados con sus propias armas de reglamento se viene abajo y se abre una nueva etapa de desconfianza en las explicaciones de un Gobierno que se ha caracterizado por faltar a la verdad en diversidad de asuntos. Surgen diversas versiones, unas justificadas y otras mal intencionadas, que crean confusión entre la ciudadanía sobre un tema muy delicado porque tiene que ver con la falta de gobernabilidad en extensas regiones del país donde lo más notorio es la ausencia del Estado.
La falta de credibilidad en el Gobierno coloca al Ministerio Público en el ojo del huracán porque es la institución legalmente llamada a realizar la investigación de todo hecho criminal en el país y de hecho ya tiene a su cargo las investigaciones sobre los sucesos que dieron lugar a que el Gobierno decretara Estado de Sitio en varios municipios de la región nororiental, condición en la que obviamente, por la ausencia de los mecanismos constitucionales de libertad ciudadana, se hará más difícil una investigación científica y totalmente independiente realizada por los fiscales porque bajo esa restricción de garantías el Ejército asume control de la situación en las áreas bajo el Estado de Sitio.
Pero, además, estamos frente a una realidad incuestionable. El Ministerio Público mismo ha caído, junto al Gobierno, bajo esa misma situación de falta de credibilidad que expresa la ciudadanía como consecuencia de hechos concretos que despiertan la duda y la suspicacia respecto a las expresiones de las autoridades. El Ministerio Púbico bajo la conducción de la abogada Consuelo Porras se ha autodefinido como vigilante y aunque afirma que todas sus acciones están enmarcadas en la ley y el derecho, resulta que con hechos se puede demostrar que se ha prestado a manipulación, por lo menos, de algunos casos como puede ser la forma en que se usaron diferentes raseros para las investigaciones de dos candidatas presidenciales.
Un Ministerio Público confiable es absolutamente necesario siempre, pero mucho más cuando tenemos un Gobierno acostumbrado a usar la mentira como argumento para encubrir realidades. Lo ideal sería que una investigación seria e imparcial de los fiscales arrojara las conclusiones sobre la forma en que ocurrieron los hechos relacionados con la muerte de los miembros del Ejército y las condiciones en que esos hechos se produjeron, pero siendo que el Gobierno ya se aferró a una versión, contradicha por el Inacif, resultará crucial el dicho de los fiscales.
