Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Generalmente se usa esta frase para referirse a la similitud no sólo física sino en actitudes que se pueden ver entre padres e hijos, pero en el ejercicio de la función pública también se aplica porque generalmente el subalterno adopta el comportamiento de sus superiores y por lo tanto las astillas, menos importantes, terminan teniendo como máxima referencia el palo. Por ello vale la pena decir que el fiscal de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, actúa a imagen y semejanza de doña Consuelo Porras en todo lo que tiene que ver con la investigación que por delitos de financiamiento electoral ilícito se adelantó en contra del Presidente de la República y el caso se mantiene durmiendo el sueño de los justos.

La excusa es que ahora todo el esfuerzo está centrado en las elecciones y las deficiencias que mostró el Tribunal Supremo Electoral en la transmisión de los datos reportados por las Juntas Receptoras de Votos. Con diligencia se logró la captura de quienes fueron Director y Subdirector de Informática del TSE y se logró que el tribunal competente ordenara la investigación de los magistrados, para lo cual se tendrá que solicitar que se retire el derecho de antejuicio porque el mismo impide que puedan ser investigados por la inmunidad de que gozan. Y es que como el resultado electoral fue una especie de balde de agua fría para el oficialismo, no obstante las millonadas que gastaron para comprar votos, lo que se busca es desprestigiar todo el proceso porque, a lo mejor así, se puede revertir el fatal resultado que obtuvieron en las urnas.

El caso es que mientras hay otros casos que avanzan con relativa normalidad, es notorio que algunos se les ha puesto freno de mano y quedan dentro de la categoría de los que, si mucho, están bajo el radar de la vigilancia del Ministerio Público. Y es que si la Fiscal General está siendo leal con quien la nombró para el puesto, anteponiendo ese concepto de lealtad al que se le debe a la Constitución de la República, es natural que sus subalternos también hagan lo propio y por ello lo de que de tal palo, tal astilla.

Le tienen que garantizar al Presidente que el caso que fue investigado y que motivó ya solicitudes de antejuicio no será movido más de la cuenta porque ya suficiente tiene el señor Morales con los problemas que le ha ocasionado aquel almuerzo que está llamado a ser célebre en la historia del país. Si a los retortijones de la gallina en crema con loroco se le suman los que pueden provocar el hartazgo derivado de millonarias aportaciones que, supuestamente, se usaron para pagar a los fiscales de mesa en las dos vueltas de la elección pasada, seguramente que las complicaciones pueden convertirse en insoportables.

La designación como Fiscal General de la República no llegó de gratis, como tampoco la de fiscal titular a cargo de los delitos electorales en el país. Se trata de ascensos importantes en la vida de algunas gentes y ello tiene un costo que todos debemos pagar.

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