* Julio Roberto Bermejo González
He dejado algunos meses de escribir sobre el tema con la esperanza de que de alguna manera el país tomara el cauce debido, pero me equivoqué y constato que la corrupción se ha profundizado y que la impunidad se está consolidando. Creo que el pueblo de Guatemala merece respeto y vivir en un país con una institucionalidad estable y un estado de derecho consolidado. Este momento no ha llegado, sino por el contrario, el país está siendo conducido hacia una debacle, en la que el desarrollo económico, social, ecológico y cultural no se está dando; estamos retrocediendo al punto de niveles de pobreza extrema y deterioro ético y moral alarmante.
La memoria ciudadana, frente al próximo proceso electoral, debe tener presente la figura de los responsables, la figura de los que se benefician de la corrupción y que las instituciones están siendo afectadas.
Traigamos a la memoria algunos hechos que están impactando profundamente la estabilidad institucional y el progreso del país.
1) Merece atención especial lo relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. El mundo está convulsionado por una corrupción galopante y la evidencia está en que en muchos países, con grandes dificultades, se están mentando procesos judiciales paradigmáticos en contra de funcionarios y empresarios corruptos.
2) Guatemala no está ajena a este mal y es por ello que el experimento de la CICIG se dio como consecuencia de un convenio adoptado en forma libre y responsable entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas. Creo que los funcionarios de aquel momento y los actuales no creyeron que este experimento de combate a la corrupción tuviera éxito, pero la realidad fue otra; finalmente, a partir de la valiente actitud del último Comisionado. Ningún funcionario corrupto o empresario corrupto se imaginó que el brazo de la justicia le alcanzaría. La CICIG develó la corrupción del dúo Pérez Molina-Baldetti; la corrupción del actual presidente Jimmy Morales -se han presentado varias solicitudes para levantar el antejuicio que lo protege. El Congreso de la República los ha rechazado, la de su hermano e hijo la que se estaba produciendo entre altos miembros del Ejército y destacados miembros del sector privado. Esta causó alarma y motivó que los funcionarios afectados y el CACIF en defensa de muchos de sus miembros, iniciaran una labor intensa en contra de la presencia de la CICIG en Guatemala. La CICIG golpeó la yugular de los funcionarios que se estaban aprovechando para beneficio personal del erario nacional y tocó la parte sensible de los empresarios que estaban defraudando al fisco y haciendo negocios al margen de la ley. La CICIG resulto siendo un experimento exitoso en la lucha contra la corrupción, pero falta más. El Gobierno violó el Convenio de creación de la CICIG obstruyendo el funcionamiento y el ingreso del Comisionado al país, no obstante, el terminante fallo de la Corte de Constitucionalidad, fallo que el presidente Jimmy Morales califico de ¡legal! Al Presidente no le corresponde calificar la legalidad o ilegalidad de los fallos de los Tribunales y con mayor razón fallos de la Corte de Constitucionalidad cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. El Presidente de la República y los demás funcionarios que han participado en esta ilegalidad han incurrido en una conducta delictiva que debería ser inmediatamente perseguida. El Ministerio Público ha sido exageradamente lento en este asunto.
En el imaginario ciudadano no debe tampoco escaparse la profunda corrupción que existe en el Congreso de la República, donde nace y se cocina cualquier barbaridad jurídica. En primer término debemos destacar que los partidos políticos allí representados son grupos electoreros que no cumplen la exacta función de un partido político como estructura de intermediación entre el partido como institución de derecho público con personalidad jurídica y la ciudadanía, para configurar el carácter democrático del régimen político del Estado. La corrupción en el Congreso de la República es alarmante, expresada no solo en los absurdos e ilegales proyectos de ley que presentan, los que no están orientados a resolver los urgentes problemas nacionales sino a protegerse de inminentes procesos penales. Son muchos los actuales diputados a quienes se les ha quitado el antejuicio y muchos de ellos ya enfrentan procesos penales. Es importante destacar la falta de ética ciudadana de gran número de ellos que incurrieron en transfuguismo al cambiar del partido que los eligió a otro partido. Hay muchos diputados corruptos que pretenden reelegirse en el próximo evento electoral, que se han caracterizado por su ineficiencia por su transfuguismo y por pesar sobre ellos indicios racionales de culpabilidad al habérseles levantado el antejuicio. Ojalá que el Tribunal Supremo Electoral sea acucioso y estricto al analizar estas situaciones, porque para optar a cargos públicos se tienen que reunir los méritos de capacidad, idoneidad y honradez y hay muchas personas que pretenden optar cargos públicos que carecen de estas calidades. En las próximas elecciones, a la ciudadanía le corresponde poner atención especial a estos aspectos, para que no volvamos a caer en la falta de elegir a personas descalificadas.
El destino del país está en manos del votante sensato. Corresponde que la ciudadanía exija a aquellos candidatos que opten a la Presidencia, Vicepresidencia y Diputados que se comprometan a continuar la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción y su compromiso debe ser categórico. La presencia de la CICIG va a seguir siendo necesaria brindando fortaleza, capacidad técnica y experiencia. El actual gobierno se jacta de que está luchando por la transparencia y contra la corrupción, pero la realidad es otra y una evidencia de ello es el debilitamiento que se está haciendo de los cuadros técnicos de la Policía Nacional Civil y el enfrentamiento que el Ejecutivo (el Presidente, Ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores) con los fallos de la Corte de Constitucionalidad; esa actitud ilegal e irresponsable mina la constitucionalidad del país, lo cual es imperdonable; esta irresponsabilidad la patria la debe demandar en su momento.
Doctor en Derecho*
Catedrático Universitario
Graduado por la Escuela Diplomática de España*
