Javier Monterroso

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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con Maestría y estudios de postgrado en Derecho Constitucional, desde hace más de 15 años trabaja como consultor en materia de justicia penal, seguridad ciudadana e incidencia política para agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, catedrático universitario de grado y postgrado en la facultad de Derecho de la USAC, ex secretario privado del Ministerio Público de Guatemala.

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Javier Monterroso

El proceso electoral inició con la convocatoria a elecciones generales realizada por el Tribunal Supremo Electoral el 18 de enero de este año. Actualmente estamos en la fase de inscripción de candidaturas que finaliza el 17 de marzo. El 18 de marzo inicia el plazo para la campaña electoral que termina el 13 de junio. Y finalmente el 16 de junio los guatemaltecos elegiremos Presidente, Vicepresidente, Diputados por listado nacional, por distritos electorales y al Parlamento Centroamericano, alcaldes y corporaciones municipales. De ser necesaria una segunda vuelta para elegir Presidente y Vicepresidente esta se realizará en el mes de septiembre.

A diferencia de los últimos dos procesos electorales, y como consecuencia de las reformas a la Ley Electoral del año 2016, hemos tenido muy poca campaña anticipada. La nueva regulación para la campaña política garantiza una mayor equidad para los candidatos, de acuerdo al Artículo 220 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de distribuir, en forma igualitaria entre los candidatos, los espacios y tiempos de propaganda en medios de comunicación. La importancia de esta disposición no ha sido justamente dimensionada, por primera vez el candidato, aun sea del partido más pequeño y nuevo, tendrá la misma cantidad de publicidad que los candidatos que encabezan las escuestas. Debemos recordar que en otras elecciones los dueños de los medios de comunicación distribuían los espacios en los mismos para favorecer a sus candidatos favoritos o aquellos que tenían más posibilidades de ganar, para después cobrarse esos favores por medio de negocios con el Estado y ampliación o renovación de las licencias de las frecuencias. Tampoco se podrá ofrecer u otorgar regalos o cualquier forma de retribución que implique clientelismo político, uno de los verdaderos problemas de fondo de nuestro sistema político y que fue utilizado por varios partidos en campañas anteriores.

Sin embargo, un espacio que será totalmente impune y que tendrá un gran impacto en las próximas elecciones será el de las redes sociales. Y es que a pesar de la enorme pobreza que abarca hasta el 60% de la población en el país, las empresas de telefonía se las han arreglado para que muchas personas puedan acceder a teléfonos inteligentes a precios cómodos. Como consecuencia, según algunos estudios hay casi 8 millones de guatemaltecos que utilizan la red social Facebook, que es hasta la fecha la más popular, pero además millones usan WhatsApp, YouTube e Instagram.

Lo más grave es que la campaña en redes no se realiza por medio de los mensajes de los candidatos comunicando sus planes de trabajo a los usuarios, la mayoría vendrá disfrazada como noticias falsas o memes atacando a otro candidato, acusaciones de usuarios falsos, netcenters conformados por cientos de personas usando cada uno decenas de identidades falsas compartiendo esas mentiras y ataques, con lo cual se convierten en verdaderos ejércitos de la desinformación. Empresas especializadas en las redes han sido acusadas de influir en la pasada elección presidencial de Estados Unidos, imagínense el impacto que podría tener en Guatemala, en donde el Tribunal Supremo Electoral ha declarado que no es capaz de controlar la campaña política en las redes sociales.

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