Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
En la era de la revolución digital, la tecnología puede ser un importante aliado en la lucha contra la corrupción. Esta se puede utilizar a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, pues hace más accesible la información a los ciudadanos.
En la última cumbre de las Américas se acordó a través del Compromiso de Lima: “Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas de identificación, detección, sistematización y monitoreo de procedimientos gubernamentales y, con esa finalidad, fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías.” (Compromiso 17)
Los usos que pueden tener los sistemas informáticos son diversos. Algunos gobiernos, que están comprometidos con erradicar prácticas corruptas de sus instituciones, promueven proyectos tecnológicos que permiten agilizar los procesos administrativos.
En los procesos judiciales, el uso de la tecnología es fundamental para lograr mayor eficiencia y transparencia en trámite de los procesos. La tecnología permite agilizar las gestiones, limita la discrecionalidad de los funcionarios del sector justicia y elimina los retrasos injustificados. Como consecuencia provoca que se cumplan los plazos, se notifique debidamente a las partes, se organicen las audiencias oportunamente. A existir mejores mecanismos de control, se evitan oportunidades de corrupción.
En la investigación de hechos criminales, la tecnología ha jugado un papel importante para recabar prueba fidedigna. También tiene una repercusión directa en la seguridad de los ciudadanos, pues cada vez es más difícil para los criminales actuar sin dejar rastros. Por ejemplo: A través de un simple celular se puede grabar audios o videos de hechos ilícitos, que luego pueden ser usados como prueba en juicios.
Para aprovechar las ventajas de la tecnología, en las instituciones judiciales, se requiere de ciertas condiciones: Que en las distintas regiones del país sea accesible los sistemas tecnológicos que la institución pretende implementar; Que los funcionarios estén capacitados en el uso de la tecnología; Que el acceso a la información sea a través de mecanismo simples, para todos los usuarios. Pero sobre todo es necesario que exista voluntad política, de las más altas autoridades, para promover e implementar los cambios tecnológicos.
Muchos de los problemas que tiene nuestro país podrían evitarse si existiera la voluntad de resolverlos, si tuviéramos un gobierno enfocado en avanzar y aprovechar los múltiples recursos tecnológicos creados para facilitar la administración pública.
Como ha dicho Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo: “Sumada a una fuerte voluntad política, la revolución digital nos puede ayudar a alcanzar mucho más rápido y eficientemente la meta de una mayor transparencia y rendición de cuentas en nuestros gobiernos.”
Lamentablemente – en Guatemala – nuestros funcionarios están empeñados en mantenernos en la época del obscurantismo. Este año se renovarán los tres poderes del Estado y las nuevas autoridades tendrán la oportunidad de aprovechar la revolución tecnológica para beneficio del país.
