Jorge Santos
El crecimiento de estructuras criminales en los distintos gobiernos es una constante y la pregunta necesaria es hasta donde o qué nivel de infiltración existe o bien, sí las instituciones públicas han sido asaltadas por el crimen organizado, cooptándolas plenamente. Al menos desde los gobiernos post firma de los Acuerdos de Paz, hemos asistido a distintas formas de cooptación e infiltración, hasta alcanzar niveles preocupantes de participación de diversas formas de crimen en el seno del gobierno.
Recordarán, que durante el gobierno de Álvaro Arzú, se conoció de una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera y otra que desde el desaparecido Estado Mayor Presidencial, perpetró el asesinato de Monseñor Gerardí, quien había conducido el proceso del REMHI o que durante el gobierno de Alfonso Portillo, se conformó una estructura que desde dos bancos privados, se dedicaron a lavar dinero y cometer actos de corrupción en colusión y participación de funcionarios del más alto nivel, incluyendo al propio Presidente.
Posteriormente, el gobierno de Óscar Berger, concretó una estructura criminal dedicada a cometer ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, arbitrarias, actos de tortura y desaparición contra población guatemalteca. Esta estructura organizada desde el Ministerio de Gobernación y la PNC cometió, según algunas investigaciones de la PDH de aquel entonces, más de 2,000 ejecuciones extrajudiciales. Para cometer estos actos criminales se utilizaron recursos económicos, técnicos y humanos, lo cual también constituye corrupción.
Luego durante el gobierno de Álvaro Colom, fuimos testigos de la conformación de estructuras criminales para realizar acciones de inteligencia ilegales, que alcanzaron al propio presidente o bien la colusión de poderosos finqueros con funcionarios para cometer desalojos violentos y con ello ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual durante los mismos. Sin embargo, en 2012 asume el poder la estructura oligárquico militar conocida como Partido Patriota, la cual a partir del 2015 logramos dimensionar en su totalidad. Presidente y Vicepresidenta de esa gestión están detenidos, la segunda cuenta ya con una condena de 15 años de prisión por uno de los muchos casos en su contra y cuenta al igual que el Ministro de Gobernación de la época una solicitud de extradición por Estados Unidos de Norteamérica, por tráfico de drogas. Esta misma suerte corren muchos de los funcionarios del más alto nivel de dicha administración.
Este hecho pareciera haberse hecho práctica común con el gobierno de Jimmy Morales, engendrada en él mismo, por sus múltiples denuncias en su contra, su hijo, su hermano, así como todo su círculo inmediato. Desde un inicio el señor Morales pretendió designar a verdaderos criminales en puestos de gobierno, sin embargo no le fue del todo posible. A la fecha podemos observar que muchos de los nombrados hoy, algunos andan prófugos por haber cometido desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales y tortura, otros por parricidio, otras acusadas de adopciones ilegales, financiamiento electoral ilícito, entre otros delitos. De esa cuenta, tanto con Otto Pérez, como con Jimmy Morales, no tenemos un gobierno infiltrado por el crimen, sino más bien tenemos criminales haciendo función pública.
