Luis Enrique Pérez
Creo que es inútil la consulta popular que se celebrará en nuestro país para aprobar o no aprobar que la Corte Internacional de Justicia resuelva el legítimo reclamo de Guatemala sobre una parte del territorio continental, insular y marítimo de Belice, y determine los límites territoriales entre ambos Estados. Creo que es inútil, porque el pueblo beliceño no está dispuesto a devolver el territorio reclamado.
El gobierno de Guatemala y el gobierno de Belice convinieron en que la Corte Internacional de Justicia resuelva el reclamo, si previamente el pueblo guatemalteco y el pueblo beliceño, mediante consulta popular, aprueban acudir a esa corte. En Guatemala, la consulta popular se celebrará el próximo 15 de abril; y en Belice se celebrará posteriormente, en el supuesto de que el pueblo guatemalteco aprueba acudir a la corte. Si no lo aprueba, evidentemente sería innecesaria la consulta popular en Belice; y por supuesto, la corte no tendría que resolver el reclamo territorial de Guatemala.
Supongamos que los guatemaltecos aprueban acudir a la corte. ¿Los beliceños también lo aprobarán? He aquí una primera cuestión esencial. Conjeturo que no lo aprobarán, por varios motivos, revelados por alguna investigación periodística. Por ejemplo, no quieren que personas extrañas decidan sobre el territorio beliceño, o no quieren tener la nacionalidad guatemalteca, o argumentan que Belice es un Estado soberano, o que Guatemala ya tiene suficiente territorio, o que Belice tiene mucho que perder, y nada que ganar; o temen perder su tierra. Adicionalmente, un grupo de beliceños ha emprendido una campaña según la cual los beliceños que, en la consulta, aprueben acudir a la corte, expondrán a Belice al riesgo de perder la mitad de su territorio.
Ahora supongamos que el pueblo beliceño también aprueba acudir a la Corte Internacional de Justicia. Creo que lo aprobará únicamente porque confía en una solución adversa a Guatemala, es decir, confía en que el reclamo territorial de Guatemala sufrirá una humillante aniquilación judicial internacional. Hay varios motivos conexos de esa confianza.
Primer motivo: una solución de la Corte Internacional de Justicia que sea adversa a Belice, no complacería a la Organización de las Naciones Unidas, creadora del Estado de Belice. Segundo motivo: esa corte es el principal órgano judicial de esa organización. Tercer motivo: la corte está compuesta por quince magistrados electos por la asamblea general y por el Consejo de Seguridad de esa misma organización. Cuarto motivo: un miembro permanente de ese consejo es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Belice es una monarquía constitucional parlamentaria, cuya suprema autoridad es el monarca del Reino Unido (que actualmente es la reina Isabel II). Y quinto motivo: realmente la disputa territorial es entre Guatemala, que solo puede acudir al derecho internacional, y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que puede ejercer una poderosa influencia política mundial para invalidar el legítimo reclamo territorial de Guatemala.
Persistamos en la suposición de que, confiado en una solución adversa a Guatemala, el pueblo beliceño aprueba acudir a la Corte Internacional de Justicia; pero supongamos también que ocurre un suceso que parecía improbable hasta la imposibilidad: la solución que brinda esa corte es adversa a Belice. ¿Sería acatada tal solución? He aquí una segunda cuestión esencial. Conjeturo que el pueblo beliceño, amparado por el poder británico, no acataría un veredicto adverso de la corte. ¿Es posible no acatarlo? Lo es. Ya varios países no han acatado veredictos de esa misma corte. Aludo, por ejemplo, a Argentina, Colombia, Islandia, Francia y Estados Unidos de América.
Post scriptum. Creo que la consulta que se celebrará en nuestro país es inútil, porque el pueblo beliceño no aprobará acudir a la Corte Internacional de Justicia, y si lo aprueba, no acatará un fallo adverso. Empero, ansío que mi creencia sea errónea, y que, entonces, el pueblo de Guatemala y el pueblo de Belice aprueben acudir a la corte, y que el veredicto de esta misma corte sea acatado, y que el reclamo territorial de Guatemala sea finalmente resuelto.
