Félix Loarca Guzmán
El próximo viernes 13 y el sábado 14 de abril, en Lima, Perú, se desarrollará la VIII Cumbre de las Américas, con la presencia de los Jefes de Gobierno de la región, en la que se supone también estará presente Donald Trump de Estados Unidos.
El tema central de esta reunión paradójicamente será “la gobernabilidad democrática y la corrupción”. Desde antes de su inicio, esta cumbre está destinada al fracaso, porque expondrá al desnudo la fragilidad democrática y la orfandad moral y política en que se encuentran algunos de los gobiernos del continente señalados de corrupción y cuyos países podrían ser calificables como “Estados fallidos”.
Entre los gobiernos expuestos a esta fragilidad destaca el del país anfitrión, Perú, cuyo presidente Pedro Pablo Kuczynski, se vio obligado en los últimos días a renunciar a su alta investidura en medio de un enorme escándalo de corrupción. Asimismo, sobresale el caso del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por la oposición y la crítica internacional, de ser el resultado de un fraude electoral.
Los presidentes de Argentina y Colombia son otros ejemplos de fragilidad moral y política por su postura incondicional al servicio de los intereses imperiales del Norte.
Aunque el tema de la Cumbre será “la gobernabilidad democrática y la corrupción”, tras bambalinas, se sabe que el punto principal será enderezar las baterías contra el gobierno de Venezuela, a cuyo presidente, Nicolás Maduro, le retiraron la invitación para asistir a las deliberaciones.
Los protagonistas de esta maniobra serán los gobernantes que integran el llamado Grupo de Lima, el cual fue formado a instancias de Washington con un carácter agresivo e intervencionista, para desconocer la autodeterminación de Venezuela. Desafortunadamente, el gobierno de Guatemala que preside el señor Jimmy Morales, forma parte de ese grupo vergonzante.
Los latinoamericanos no aprendemos de las lecciones de la historia. Por debilidad, temor o servilismo, no queremos romper el yugo que nos mantiene sometidos al poder imperial.
En marzo de 1954, en Caracas, bajo el auspicio de la desprestigiada OEA, se llevó a cabo la X Conferencia Interamericana, cuyo objetivo encubierto era sentar en el banquillo de los acusados al gobierno de Guatemala, que presidía el coronel Jacobo Árbenz, acusado de “comunista”. Para el efecto, los gobiernos de la región, con la excepción de México y Argentina, que se abstuvieron de votar, aprobaron la Resolución 93, que desde entonces “facilitó” la intervención militar para derrocar gobiernos progresistas como el de Guatemala en 1954 y el de Chile de Salvador Allende en 1973. En ambos casos, se manejó una brutal campaña difamatoria de mentiras a través de la manipulación y el terrorismo mediático.
En el caso de Venezuela, se acusa al presidente Nicolás Maduro de ser un dictador y de existir una supuesta crisis humanitaria. El Relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el abogado estadounidense Alfred Maurice de Zayas, declaró que en ese país no existe una crisis humanitaria, sino el desabastecimiento y penurias ocasionadas por una guerra económica de sectores de la oposición orquestada desde el exterior.
En Guatemala fue la compañía frutera de EE. UU. la que promovió la invasión armada para derrocar al presidente Árbenz en 1954. En Venezuela, la molestia empezó por la nacionalización de los recursos petroleros, pues algunas empresas extranjeras vieron lesionados sus intereses.
Cualquier gobernante patriota y nacionalista que rescate las riquezas naturales o que defienda el patrimonio de su país, estará expuesto a ser agredido y hasta derrocado. Y lo harán en nombre de “la democracia y la libertad”.
