Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No es un secreto que desde el destape del Caso La Línea empezó un proceso decisivo para el futuro del país y que conforme pasan los días se va acentuando la profunda diferencia entre quienes pretenden a toda costa mantener el Pacto de Corruptos para preservar un sistema que les ha permitido enriquecerse y el resto de la población que entiende que el país no tiene viabilidad en las condiciones de podredumbre e impunidad que durante décadas y por generaciones se fueron concretando como sello característico de una sociedad que empieza a sentir los efectos terribles del rezago que causa el saqueo inmisericorde de los recursos públicos.
No es secreto que el primer grupo tiene elementos para chantajear y presionar a distintos sectores sociales a efecto de que se comprometan a preservar el actual estado de cosas y para ello está el poder de legislar para asegurar y garantizar impunidad a todos aquellos que puedan haber incurrido en acciones contrarias a la transparencia en el pasado. Es un enorme aliciente porque nadie quiere realmente tener que encarar consecuencias legales y si se ofrece la posibilidad de decretar legislación que anule la tipificación de ciertos delitos o los deje con sanciones meramente simbólicas, naturalmente la gente por lo menos vacila a la hora de tomar decisiones y definir su postura.
Pero aún los más temerosos entienden que el país en las condiciones actuales no tiene en absoluto viabilidad porque se llegó a extremos. No es exagerado decir que la cooptación del Estado lo puso al servicio de intereses espurios y lo fue apartando del cumplimiento de sus fines esenciales. Es patética la situación que viven muchísimos guatemaltecos y la migración no es más que reflejo de esa dramática realidad que alcanza dimensiones trágicas cuando nos tenemos que referir al daño irreparable que sufre casi el 50 por ciento de nuestra niñez por la desnutrición crónica que les limita el desarrollo de su potencial físico y mental para el futuro. Pero no hay políticas públicas en ningún sentido, ni siquiera para el elemental mantenimiento de las carreteras, porque todo gira alrededor del negocio corrupto y ahora ya estamos pagando las consecuencias de tantos años con un Estado que únicamente sirve para enriquecer a unos cuantos.
Antes podíamos desgastarnos en debates sobre las causas y efectos de nuestra crisis social, pero ahora está más claro que nunca que la corrupción es la causante del abandono que hay por la inexistencia de esas políticas públicas que hasta en los países más capitalistas del mundo facilitan la inclusión social y promueven el desarrollo.
Vivimos momentos críticos no porque finalmente vaya a triunfar el Pacto de Corruptos sino por el desgaste que provoca. Sus éxitos serán muy temporales, pero también muy dañinos y por ello es que la definición ciudadana es indispensable para acelerar el proceso que saque adelante al país. Hasta los grupos comprometidos están asumiendo definiciones porque finalmente se entiende que la corrupción de hoy será hambre para todos mañana y que, en cambio, un Estado sujeto a las leyes volverá a cumplir con sus fines esenciales e impulsará condiciones de desarrollo.
