Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Hace ya muchos años leí en un libro de Leo Buscaglia la siguiente historia:
Un conejo, un pájaro, un pez, una ardilla, un pato y el resto de los animales, se reunieron para fundar un colegio y se sentaron a redactar el programa de estudios.
El conejo quiso que se incluyera la carrera. El pájaro quiso que se incluyera la técnica de volar. El pez, la natación. La ardilla insistió que debía agregarse el modo de treparse a los árboles en forma perpendicular. Los demás animales quisieron incluir su especialidad en el programa, de modo que anotaron todo y exigieron que todos los animales cursaran la totalidad de las materias.
El conejo era excelente en carrera; nadie corría tan bien como él, pero le exigieron que aprendiera a volar como conveniente disciplina intelectual y emocional. Lo subieron al árbol y le ordenaron: ¡Vuela, conejo! Y el pobrecito se tiró, se quebró una pata y se fracturó el cráneo. Quedó con una lesión cerebral y ya no pudo correr bien, de manera que obtener la máxima calificación en carrera, obtuvo una inferior, y sacó la mínima en vuelo puesto que estaba aprendiendo. Y el consejo de estudios estaba feliz y el potencial del conejo frustrado.
Lo mismo le sucedió al pájaro. Era capaz de volar por todas partes, dar volteretas y se sacaba la nota más alta, hasta que le pidieron que cavara hoyos en la tierra como un topo. Por supuesto que se quebró las alas y el pico, y no pudo volar más, pero sus maestros se contentaron con bajarle la calificación en vuelo. Y así sucesivamente.
¿Y saben quién fue el alumno que dijo el discurso de despedida el día de la graduación? Una anguila retardada mental porque podía hacer todo a medias. Pero los miembros del consejo educativo se sentían muy satisfechos, porque quienes aprobaban el curso eran quienes pasaban por todas las asignaturas y a eso se le llamaba una educación integral.
Viene a mi mente esta fábula ahora que la Comisión de Postulación para elegir Fiscal General, integrada en su mayoría por decanos, aplica para evaluar a los aspirantes una tabla de gradación que incluye diversos aspectos.
El candidato ideal es quien tengan un poco de conocimiento en todos los rubros definidos. No basta ser el mejor académico, el fiscal más acucioso o el juez más ecuánime. El desarrollo de habilidades y competencias no tiene ninguna valoración.
De acuerdo al esquema mental de los comisionados, la experiencia de vida profesional, en un área, no permite adquirir diversos conocimientos. Por ejemplo: al ser juez se practica el derecho constitucional y otras ramas del derecho, según sea la especialidad del juzgado. Dicho trabajo también implica la defensa de los derechos humanos, porque el juez es un defensor por naturaleza; el juzgador en su labor implementa políticas públicas de distinta índole y, además, se es parte de la administración pública, ya que el trabajo no está enmarcado en el área del ejercicio privado. Para los evaluadores cada una de esas habilidades o conocimientos debe ser establecida a través de distintas experiencias de vida. Es decir que, si valoran una actividad, descartan las otras si provienen de la misma labor.
Durante el proceso, en la mayoría de entrevistas, los postulantes se referirán a la necesidad de capacitar a los fiscales, como una prioridad del plan de trabajo. Los propios fiscales reconocieron que existen enormes deficiencias en la capacidad técnica de sus pares. Se refirieron a la ineptitud para redactar, para argumentar con lógica frente al juez, para analizar un caso, etc. ¿No son estas competencias que deberían de ser desarrolladas en la universidad? En Guatemala, quienes han superado esas deficiencias, son aquellos que tienen la habilidad para aprender por sí mismos. O quienes han tenido la suerte de tener una base sólida de formación inicial.
Se evidencia en el proceso de elección del Fiscal General una forma retrógrada y poco objetiva de calificar. Denota que se privilegia una formación carente de profundidad. ¿Me pregunto si serán las universidades responsables de la falta de competencias que se evidencia en la función pública? ¿Podrán los decanos de las facultades de derecho guiar a Guatemala por el camino del desarrollo y la competitividad?
