Francisco Cáceres Barrios
caceresfra@gmail.com

La circunstancia que se deriva de no recibir castigo un conductor que circula por las calles cambiándose de carriles ante su desesperación de llegar tarde a su destino, no solo puede ser causa de que él y sus acompañantes sufran graves daños como consecuencia de su desatino, sino también puede causar a otros todavía peores perjuicios. Utilizo este ejemplo porque es sabido por todos que los guatemaltecos sufrimos a cada instante esta agresión o abuso en el denso como complicado tránsito de vehículos, además de ser una práctica que no es castigada por las autoridades, derivándose de esa circunstancia que los malos conductores no solo la utilizan más y con peores consecuencias.

Es por ello que no comparto aquellas opiniones que se derivan de cuando la CICIG, el MP o los jueces solicitan o aplican, según el caso, sin ninguna contemplación la cárcel preventiva a delincuentes de la talla de autoridades constituidas, de tramposos cómplices o de aquellos lobos con piel de oveja que, a pesar de haber venido haciendo de los recursos públicos todo un festín para satisfacer sus intereses personales, aparecen después como mansos corderitos diciendo que esa práctica es demasiado drástica y que se aplica con mucha dureza e inmisericordemente.

Basta con pasar la vista sobre las estadísticas de actuales procesados en los tribunales de justicia para podernos dar plena cuenta de la cauda de hechos que originaron aquel movimiento cívico popular del año 2015, lo que jamás el pueblo debiera olvidar debido al funesto comportamiento de la pareja de mandatarios Pérez Molina y Baldetti y en cambio, debiera seguirse aplicando cuántas veces fuera necesario. La lista de estafas, falsedades materiales, peculado, sustracción o robo es interminable y lo peor es que cada día no solo aumentan por su tipo de falta o delito, sino se generalizan a todos los estratos, desde funcionarios de altos niveles hasta aquellos que hacen los mandados.

Prácticamente no hay dependencia del Estado, entidad autónoma o descentralizada que no haya sido víctima de este tipo de maleantes que durante muchísimos años han estado gozando de la impunidad sin límites, aunque hasta sus mismos familiares se asombraban y a la vez se preguntaban de dónde y por qué podían darse los lujos que exhibían sin ningún rubor, aunque ahora se lamenten de la dureza de un juez, la intemperancia de una jueza o la poca sensibilidad social que manifiestan los integrantes de una sala porque, en el menor tiempo posible, rechacen la diversidad de amparos a los que acuden los oficiosos defensores de los delincuentes, olvidándose por completo que ha quedado más que demostrado que la impunidad es peor que la misma corrupción.

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