Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La Corte de Constitucionalidad abrió la puerta al juego de la mayor hipocresía que pueda haber respecto al tema del financiamiento electoral ilícito. Ya sabemos cuánta razón tenía Iván Velásquez cuando dijo que el pecado original de la democracia guatemalteca es precisamente el financiamiento electoral, y por si alguna duda quedaba, ayer el exsecretario privado de la exvicepresidenta Baldetti dejó en claro cómo es que funciona el mecanismo que hace posible la cooptación del Estado y, ojo, porque lo que relató Monzón se puede aplicar, cambiando los nombres por otros secretarios privados, a los gobiernos que antecedieron al de Pérez Molina, porque aquí es el sistema el que está podrido hasta el mero tuétano.
Y la hipocresía está en considerar que el peor financiamiento es el que proviene del crimen organizado, del lavado de dinero o de otras actividades delictivas, pintando como “menos malo” el que empezó a practicarse desde 1985, cuando gente como Ángel González cooptó al gobierno de Vinicio Cerezo mediante el regalo de millonarios aportes en propaganda que sirvieron para asegurar el monopolio de las frecuencias de la televisión abierta, para citar apenas el ejemplo más emblemático del inicio del problema. En sucesivas campañas se fueron sumando otros financistas cuyo delito no es simplemente el carácter anónimo de las donaciones, sino que el tipo de control que pueden ejercer sobre quienes llegan al poder, al punto de que es absolutamente irrefutable que se produjo la total cooptación del Estado de Guatemala.
He sostenido que es mil veces peor el financiamiento de los cooptadores del Estado que el que puedan aportar los miembros del crimen organizado que buscan impunidad para continuar sus operaciones, pero que no necesariamente están interesados en el saqueo de todos los fondos públicos mediante el sometimiento del proceso de compras y contrataciones como pago de la inmoral deuda que asumen los políticos cuando reciben esos chorros de dinero de financistas que aseguran, con enormes y hasta inimaginables creces, el retorno de su inversión. Por supuesto que hay financiamientos de crimen organizado como el que contaminó a los Colom Torres con el dinero de quienes tenían el control de las redes de contrabando en el país, pero el que también recibieron de los narcotraficantes fue a cambio de dejarlos trasegar la droga sin interferencias.
Ningún financiamiento electoral en las condiciones que han prevalecido en el país es “menos malo” porque finalmente es un soborno anticipado que los políticos entienden tan bien que hasta se lo embolsan en vez de invertirlo en gastos de campaña. El carácter anónimo de las contribuciones empeora las cosas porque no sólo hay financistas que apuestan a dos caballos, sino que además el ciudadano no tiene instrumentos para establecer la relación causa-efecto cuando se concretan los millonarios negocios que hace el Estado en perjuicio de la misma población.
Pero la paja de que el financiamiento anónimo es menos dañino que el otro es la mayor hipocresía y la sociedad no se debe tragar esa patraña que pretende despenalizar el crimen de la cooptación del Estado.
