Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La Corte de Constitucionalidad decidió, sin que nadie lo pidiera, recomendar al Congreso que reforme la norma que tipifica como delito el financiamiento electoral que proviene de particulares por considerar que es un crimen distinto al que cometen quienes usan dinero del narcotráfico, del blanqueo de dinero o de otras formas de criminalidad. Sin embargo, los magistrados no hicieron en absoluto análisis del efecto que tiene ese financiamiento electoral “menos malo” por su origen, pero que finalmente es el que provoca la cooptación del Estado de la que habló el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, la semana pasada en un conservatorio de la Universidad Rafael Landívar.
Por cierto, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad invitó a los financistas a hacer una especie de mea culpa, reconociendo sus acciones erradas y pidiendo perdón por haber contribuido a distorsionar y afectar la democracia guatemalteca. El punto que yo he expuesto es que los narcotraficantes, por ejemplo, dan dinero a los políticos para que los dejen actuar sin interferencias de la autoridad, mientras que los otros financistas se adueñan del Estado y desvirtúan su propósito y fines esenciales porque hacen que se ponga al servicio de los intereses de contratistas, proveedores o concesionarios que se enriquecen gracias a los privilegios que adquieren al financiar a los políticos.
Iván Velásquez ha dicho con absoluta propiedad que el pecado original de nuestra democracia es el financiamiento electoral en la forma en que ha operado. Y varias veces he escrito que en Guatemala el único mandato que efectivamente cumplen los electos es el de pagar las deudas que adquieren en campaña. Lo que el pueblo piense o por qué vota el ciudadano siempre termina siendo irrelevante porque los que llegan a los puestos públicos saben que ganaron gracias a los chorros de pisto que les dieron, y con los financistas sienten un compromiso que no tienen con los electores.
En la última campaña fue evidente que el mandato en las urnas fue para repudiar la vieja forma de hacer política y en contra de la corrupción. Se dice que Jimmy Morales recibió menos dinero que otros candidatos, pero su compromiso con los financistas ha sido definitivamente igual. Los que le proporcionaron seguridad son poderosos en este Gobierno y se recetaron inmunidad para evitar problemas legales, igual que su socio refugiado en el Parlacen y ha sido muy cumplidor con quienes, entre otras cosas, le dieron albergue cinco estrellas desde la primera vuelta hasta que se pasó a la Casa Presidencial.
Lo que el ciudadano disponga en las urnas no cuenta y lo demostró el Presidente que nunca asumió compromiso para cambiar las reglas de juego de un sistema político perverso. Por el contrario, acogió a la escoria de tránsfugas para fortalecer un partido que no por nuevo tuvo alguna diferencia con los más viejos.
Por supuesto que el Congreso, acatando la instrucción de la CC, va a despenalizar el delito de financiamiento electoral ilícito causante de la verdadera cooptación del Estado, lo que significa una condena a eternizar el control que los “financistas honorables” mantienen sobre todas las instituciones.
