Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Es paja eso de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley porque los políticos que controlan la legislación han sido astutos para recetarse a sí mismos el privilegio de la inmunidad que impide que se les pueda investigar por la comisión de hechos delictivos, forzando a que para poder avanzar en la recopilación de pruebas para demostrar que un político es delincuente debe primero tramitarse que se dicte un auto de antejuicio para que sean sus iguales quienes decidan si procede o no la formación de causa. En pocos casos es tan obvio aquello de que hoy por ti y mañana por mí como con el tema del antejuicio, sobre todo tomando en cuenta que los llamados a aprobarlo son generalmente parte del sistema corrupto.
Imposible, por ejemplo, que un juez que es parte del modelo de la corrupción vaya a resolver objetivamente casos de antejuicio presentados para que se levante la inmunidad, no digamos cuando corresponde a las Salas de Apelaciones o a la misma Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Sala que tiene que conocer el antejuicio de Álvaro Arzú debe destacarse que entre quienes conforman ese Tribunal está nada más y nada menos que la esposa del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República y el contubernio entre Arzú y Jimmy Morales es absolutamente obvio, por lo que la imparcialidad de los juzgadores no se puede siquiera poner en duda, ya que simplemente no existe.
Es una aberración desde cualquier punto de vista que los pícaros se puedan recetar a sí mismos inmunidad porque entonces ese privilegio se convierte en garantía de impunidad. En muchos países del mundo no existe tal derecho para los políticos y sería repudiado en el momento en que alguno propusiera legislación en ese sentido, pero en Guatemala sabemos que se ha trabajado con esmero para crear un sistema que garantice que los más poderosos no tendrán nunca que enfrentar a la justicia.
Dentro de las reformas al sector justicia que se trabajaron el año pasado se contemplaba el tema de la inmunidad porque a la luz de las experiencias, tan abundantes ha quedado en claro que ese privilegio no sirve más que para hacer más grande la chamarra con la que se tapan todos los corruptos. No importa el tipo de delitos que se puedan imputar a cualquiera de los protegidos, porque es absoluto y general el concepto de la inmunidad sin que quede restringido al muy discutible espíritu de proteger al funcionario de acusaciones espurias y antojadizas formuladas con intenciones políticas.
En un sistema de justicia tan prostituido como el nuestro, donde jueces y diputados se deben mutuamente muchos favores y en el que se ha creado un irreductible modelo de impunidad, la inmunidad resulta una aberración que sirve para fomentar la corrupción bajo la certeza de que los delincuentes que amasan fortuna con los recursos públicos no serán nunca sometidos a procesos para la aplicación de las penas consignadas para el resto de los ciudadanos en la legislación penal.
