Gracias al reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad respecto al financiamiento electoral ilícito, el Congreso se prepara para despenalizar el delito de financiamiento electoral cuando el mismo no provenga del narcotráfico o el crimen organizado sino de financistas privados que mediante la donación de millones de quetzales se aseguran el control de las distintas dependencias públicas para que el Estado abandone sus obligaciones naturales y funcione para un sui géneris pago de deuda a esos particulares que mediante contratos o proveeduría a las entidades públicas participan del saqueo del erario.
El artículo cuya revisión ordena la Corte de Constitucionalidad equipara el crimen de financiamiento electoral cometido con dinero proveniente del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas con toda contribución recibida en forma anónima y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. En otras palabras, la norma contempla igual castigo para las dos formas de financiamiento, lo cual tiene mucha lógica si vemos que mientras los narcotraficantes lo que buscan es que no les molesten en su criminal actividad, los otros financistas lo que buscan es quedarse con todos los recursos que el Estado maneja mediante compras o contrataciones.
La peor cooptación, la que ha desvirtuado el sentido del Estado y prostituido todas las instituciones es la de ese financiamiento electoral anónimo y no registrado que “supuestamente” proviene de fondos lícitos, aunque si escarba bien el ente investigador verá que en muchos casos el dinero ya fue amasado gracias a la constante corrupción y que, además, entre los financistas se hacen arreglos y acuerdos que se tienen que tipificar como Crimen Organizado por la forma en que pactan entre sí y con los candidatos a puestos de elección popular.
Pero el torpe fallo de la Corte de Constitucionalidad abrió la puerta para que sea despenalizado el delito de financiamiento electoral o que, en todo caso, se le impongan penas ridículas, no obstante que está demostrado que está allí el vicio de nuestro sistema y que la Cooptación del Estado tiene en él su origen. Lo que la Dictadura de la Corrupción necesitaba para asegurar larga vida era ese fallo de la Corte de Constitucionalidad y ahora el Congreso, como ya lo dijo su presidente Arzú Jr., va a reformar la ley para garantizar la continuidad de las prácticas de corrupción que se incuba desde las mismas campañas políticas que es cuando los poderosos compran a los políticos y se adueñan del país.
