La captura de los ministros del Gabinete de Álvaro Colom ha dado lugar a algunos comentarios en los que se expresan dudas respecto al nivel de responsabilidad que puedan haber tenido algunos de ellos, especialmente los que no entendían gran cosa de las Finanzas Públicas o de los aspectos legales relacionados con el acuerdo que suscribieron. Hasta se publican comentarios en los que se alaba la trayectoria de vida de algunos de ellos, y se dice que por sus antecedentes son merecedores del debido proceso y del respeto a la presunción de inocencia.
En realidad no importan los antecedentes de nadie para hacerlos más o menos merecedores del debido proceso o de la presunción de inocencia, pero hay que entender bien esos términos para no caer en tonterías como las que sostiene la Canciller, el mismo Presidente y los portavoces de algunas Cámaras que creen que presunción de inocencia es que no se puede acusar a nadie y por ello es que critican tanto a la CICIG como al Ministerio Público. Hoy se publica un comentario elogioso para quien fue ministro de Ambiente de Colom, pero por brillante que sea su carrera, no cabe la menor duda que el firmó el acuerdo supuestamente adoptado en Consejo de Ministros y eso lo hace absolutamente responsable de los efectos según la ley.
Y es bueno que los ciudadanos reparemos claramente en el significado de la responsabilidad de los funcionarios públicos y que éstos entiendan que sus actos pueden tener consecuencias legales. Que nunca haya ocurrido así en el país es otra cosa, pero la ley establece con claridad el carácter solidariamente responsable de las decisiones que se adopten en Consejo de Ministros.
El aporte de los fondos a Transurbano fue un acto de corrupción violatorio de las normas legales. Es muy probable que únicamente el Ministro de Finanzas entendiera esas implicaciones y que el resto actuaran como lo hicieron siempre para conservar el chance, obedeciendo las órdenes de la mujer de Colom quien, como puso en el twitter que luego borró, era la que empujaba el proyecto de Transurbano supuestamente porque el mismo resolvería el problema de transporte en la ciudad de Guatemala.
Con o sin entendimiento de lo que estaban firmando, sin embargo, tienen responsabilidad en ese caso de saqueo de fondos públicos, y por lo tanto deben encarar las consecuencias. Y la lección debe ser para los que en el futuro firmen cualquier documento público porque siempre implica alguna responsabilidad, y la ignorancia (sea por estupidez o lambisconería) no los exonera de ella.
