Julio Roberto Bermejo González*
El presidente Jimmy Morales debe –o debió haber estado enterado desde hace dos años– que el pueblo de Guatemala lo eligió porque prometió: Orden, honradez, transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad y alcanzó el poder con el engañoso slogan de: Ni corrupto ni ladrón. Todos sabíamos que no era un estadista; que no tenía experiencia administrativa, que era un payaso –quizás no de lo mejor– que no se le conocían antecedentes de conductas equivocadas –aunque sí hubo evidencias de que ciertos personajes descalificados lo estaban apoyando– y principalmente influyó que al otro candidato si se le conocían aspectos muy negativos en el manejo de la cosa pública. En estas condiciones ganó las elecciones y asumió el cargo de Presidente de la República.
El Ministerio Público y la CICIG ya habían empezado su labor en el combate de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad y estos en el convenio de creación de la Comisión Internacional Contra la impunidad, son aquellos que realizan acciones ilegales para afectar el goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos; y los que están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o que cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. Dentro de sus funciones le corresponde a la CICIG: 1) Determinar la existencia de los citados cuerpos ilegales, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado; 2) Colaborar con el Estado en la desarticulación de los citados cuerpos ilegales; 3) Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los mencionados cuerpos ilegales; 4) Promover la persecución penal por medio de denuncias penales; 5) Constituirse en querellantes adhesivo; 6) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los presuntos integrantes de los mencionados cuerpos ilegales; 7) Denunciar ante las autoridades administrativas, a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas, en especial a los que obstaculicen el ejercicio de las funciones de la CICIG y eventualmente promover, a través del Ministerio Público, cualquier proceso penal que sea pertinente; 8) Garantizar confidencialidad a los testigos, víctimas, peritos y colaboradores y solicitar al Ministerio Público y al Gobierno la adopción de medidas para garantizar la seguridad de los mismos; 9) Solicitar dentro del marco de su mandato a cualquier funcionario o autoridad administrativa, declaraciones, documentos, informes y colaboración en general.
Como vemos, el marco de las funciones de la CICIG es muy amplio y creo firmemente que la ciudadanía reconoce que se ha desempeñado en forma eficiente y eficaz su labor nacional e internacionalmente, ha sido reconocida como tal por su lucha contra la corrupción y la impunidad.
Lamentablemente la CICIG descubrió un comportamiento ilegal, con características penales, en el hijo y hermano del presidente Morales; además, recientemente la prensa evidenció actos ilegales en su esposa y todo ello ha desencadenado una reacción absurda y hepática en el presidente Morales que lo condujo a declarar non grato a Iván Velásquez, jefe de la CICIG y hacer múltiples gestiones ante la Organización de las Naciones Unidas para descalificar la actuación de la CICIG y del comisionado Iván Velásquez. La reacción de los guatemaltecos, de la Comunidad Internacional y de la ONU ha sido adversa, y el Presidente y la Ministra de Relaciones Exteriores han quedado en ridículo, perfilándose como contrarios a la lucha contra la corrupción; y cómo actúan a nombre del Gobierno de Guatemala han dejado la imagen de lo que se pretende es sacar de Guatemala al comisionado Iván Velásquez y que se consolide la impunidad en todos los graves casos que están bajo conocimiento judicial por actos de corrupción de funcionarios, exfuncionarios y altos y poderosos miembros del sector empresarial.
El presidente Morales en su desprestigiado y loco afán de sacar de Guatemala al comisionado Iván Velásquez ha argumentado que este ha realizado indebidas injerencias en los asuntos internos del país, pero su mandato lo permite, ya que puede formular recomendaciones al gobierno y a las entidades administrativas. Se le ha señalado, además que NO ha respetado el principio de inocencia, del debido proceso, que se ha hecho una estigmatización de las personas sindicadas, que se ha hecho un uso excesivo de la prisión preventiva y que el Comisionado ha polarizado a la sociedad guatemalteca.
El principio de inocencia evidentemente se ha respetado porque todos los procesos se han iniciado con base a evidencias y la calificación de la presunción de inocencia le corresponde a los tribunales, y son estos los que han mantenido vigentes las medidas de prisión preventiva porque lo han considerado procedente. Además, se han respetado todas las etapas procesales y ello sin olvidar que los tribunales han enfrentado litigio malicioso. El respeto al principio de inocencia no debe suponer que no se le pueda investigar a una persona y si hay pruebas procesarla y se le condena hasta en sentencia. Los procesos los conducen los jueces, no la CICIG ni el Ministerio Público. Respecto a la polarización de la sociedad guatemalteca es evidente que no ha sido el Comisionado de la CICIG el que la ha provocado, sino se ha debido a la propia actitud hostil del Presidente y de las huestes que lo están apoyando; no debe confundirse el señor Presidente, porque es él el que está manejando la polarización y esto evidentemente está apoyado por los que están guardando prisión por actos de corrupción dentro de los cuales hay políticos, alcaldes sindicalistas e importantes miembros del sector empresarial y militar. La polarización es entre los que apoyan y toleran la corrupción y aquellos que sabemos y sentimos que la corrupción es un cáncer que se apoya en la impunidad. Es evidente que la corrupción busca impunidad. Es lamentable que todo está concertado a buscar la impunidad y esto es contrario a la democracia, al desarrollo y la paz que necesita el país. La lucha contra la corrupción no es de palabras sino de acciones y el presidente Morales no está demostrando esto, sino por el contario, está tolerando y fomentando la corrupción alegando una lucha ideológica que no existe. La falta de autoridad moral en el gobierno nos está conduciendo a un precipicio político, cuyo final no es previsible.
*Doctor en Derecho
Catedrático Universitario
Graduado por la Escuela Diplomática de España.
