Juan Francisco Reyes López
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El gobierno de Óscar Berger, que sucedió al gobierno del FRG, y que el mismo Berger lo denominó “un gobierno empresarial”, accionó de inmediato para tratar de llevar a prisión al presidente Alfonso Portillo, acción que efectuó el general Otto Pérez Molina, como comisionado presidencial del gobierno del conejo.
La denuncia implicó que a Alfonso Portillo se le obligara internacionalmente a regresar a Guatemala; sin embargo, Portillo ganó el caso que se había planteado en su contra y de dos de los ministros de nuestro gobierno.
También se produjo una persecución penal en mi contra, para lo cual el entonces Ministro de Salud Pública, Marco Tulio Sosa Ramírez, (quien también había sido Ministro de Salud del gobierno de Álvaro Arzú y conocido miembro “del Club de Paris”, lo que le había permitido ser dos veces diputado) previamente reintervino el Patronato Antialcohólico, con la anuencia expresa de Berger, a pesar de que dicho patronato había sido desintervenido en el último año del gobierno del FRG, después de cuatro gobiernos; y la junta directiva original se había apersonado y tomado posesión de dicho patronato.
Sosa Ramírez también fue socio fundador y gestor del Banco Empresarial, institución que el gobierno de Arzú no intervino de conformidad con las leyes bancarias, pese a que se habían apropiado de Q532 millones de los impuestos, y no los han devuelto.
Al reintervenir el patronato de forma improcedente e inmoral, Sosa Ramírez presentó denuncia penal en mi contra, la cual basó en un préstamo personal que de mis recursos particulares yo le había hecho al patronato, sin garantía o intereses, para que pudiera liquidar al sindicato, en un mes de diciembre, que lo tenía emplazado.
La denuncia fue acogida por el Ministerio Público que presidia Juan Luis Florido, quien siendo diputado del Partido oficial fue electo por el presidente Óscar Berger como Fiscal General, contraviniendo normas éticas y políticas.
Florido, también tenía fuertes diferencias con mi persona; por cuanto, yo no le había permitido a Arturo Soto (íntimo amigo de Florido y socio de bufete) nominarlo como diputado por los municipios de Guatemala, porque no era miembro del FRG, sino solo muy “amiguito” de Arturo Soto, a quien yo incorporé como candidato a diputado en 1990 y tercero en la planilla que presidí por la capital, hecho que lo hice a solicitud de su esposa, Marilis Lacape, quien me convenció que Arturo sería un diputado leal y eficiente.
Lamentablemente, la ambición de Arturo Soto, siendo diputado y habiéndolo hecho tercer vicepresidente del Congreso, se desbordó, tanto que renunció la segunda vez que fue diputado al FRG y en el gobierno de Berger paró como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y después embajador de Guatemala en México.
La denuncia en mi contra está vigente, después de catorce años, y no me ha causado cáncer, ni ha sido motivo para que me rinda de servir a mi patria, como lo hice como director, seis años, de la junta directiva de Cámara de Comercio; en CACIF, cinco años, dos veces su presidente; en la Asociación de Amigos del País como director, cuatro años y manifestando mi opinión en columnas de prensa y televisión.
Considero que es una obligación de las personas de la tercera edad trasladar su experiencia y conocimiento, tanto en lo público como en lo privado.
¡Guatemala es primero!
Continuará…
