Roberto Arias

La globalización de la corrupción fue demostrada ante los atónitos ojos del mundo por el magnate que opera desde Brasil, Marcelo Odebrecht, propietario de la Empresa constructora brasileira Odebrecht, cuya fama se fue a los cielos debido a la corrupción a gran escala realizada en muchos países del mundo (Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela), la mayoría en Latinoamérica, siendo Guatemala el único país centroamericano que entró a la jugada de Odebrecht con Otto Pérez, Roxana Baldetti y achichincles.

La corrupción estatal amartelada con Los Empresarios, además de la compra de candidatos presidenciales o alcaldes potenciales, se ha privatizado. Grandes empresarios y funcionarios de Estado son los privatizadores de la corrupción y son quienes pagan y cobran coima por obtener y proporcionar servicios estatales con sumas multimillonarias de sobreprecio, a costa de la degradación del país y frenar el desarrollo social y económico que debería avanzar con naturalidad, como ocurrió y ocurre en países avanzados.

El nuevo estilo de corrupción ha convertido al Estado de Guatemala en meramente un saqueo. El gobierno reúne miles de millones de quetzales de impuestos ciudadanos, con la razón primordial de despojarlo a mansalva de los recursos que la ciudadanía entera ha pagado, sin importar que los dineros saqueados tendrían que servir por ley para el desarrollo de la sociedad, realizando las inversiones sociales fundamentales pertinentes (nutrición; salud y educación). Grandes grupos del sector privado se han convertido en sociedades de despojo, cuya única razón de su objetivo es con el fin de la acumulación del dinero… en bancos propios o foráneos.

Existe una constante innovación y renovación para facilitar los mecanismos más pragmáticos con la triste finalidad de depredar los multimillones de las arcas estatales. Los mecanismos van desde comprar a los diputados, que generalmente es gente hambrienta que llega a las curules con el único fin de enriquecerse y/o, hijos de la corrupción que llegan financiados por quienes mantienen pútrido al sistema.

Comprar a los candidatos presidenciales potenciales es obligatorio. Como nos expone Ugarteche respecto a Odebrech: “La empresa constructora apostó N millones de dólares a que un candidato ganaría las elecciones presidenciales peruanas. Por las dudas apostó a todos los candidatos otorgándoles dinero para sus campañas presidenciales. El sentido de la apuesta empero es que una vez ganador, el ganador aprobaría la renovación de adendas a contratos de construcción aprobadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país.”
¿Por qué razón cree el honorable lector que debe quitarse a Álvaro Arzú Escobar del control del Congreso? Pues, simple. Porque el padre, Arzú Irigoyen, es el Capo cebado de la corrupción en Guatemala y sería quien realmente controlaría al Congreso, con fines que van más allá de nada más mantener la corrupción en nuestro país.
Águilas, pues.

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