Constantemente se habla de promover la institucionalidad como vía para la gobernanza y en ese marco fueron presentados ayer los cambios en el Gabinete de ministros de Estado que afectaron las carteras de Ambiente, Desarrollo y Economía. Hoy la prensa recoge los perfiles de los nuevos encargados de esas áreas de la gestión pública y concluyen en que se trata de una especie de compadrazgo más que una decisión basada en los perfiles de los nombrados.
Es evidente que más que alentar la gobernanza, deseable desde todo punto de vista, lo que se sigue promoviendo es la impunidad y el fortalecimiento del pacto de quienes se sienten amenazados por la lucha contra la corrupción. Es penoso ver que la “institucionalidad” sea puesta de manera tan burda al servicio de algo que resulta notoriamente dañino para el país.
Y en ese mismo marco se anunció hoy que el Superintendente de Administración Tributaria, licenciado Juan Francisco Solórzano Foppa, será destituido hoy por el Directorio de la SAT por el incumplimiento de la meta de recaudación durante el año pasado, lo cual entraña bastantes consecuencias tomando en cuenta que esa dependencia encargada de recolectar los tributos ha estado en el ojo del huracán recientemente por las formas en que se procedió a los cobros de impuestos omitidos y por el intento de incluir en la base tributaria a importantes sectores de la economía informal.
Se sabe que en algún momento desde la Presidencia de la República se pidió al Superintendente que bajara el ritmo de las demandas judiciales por impago de impuestos y ello generó cambios en la estructura misma de la SAT. Pero si ello fuera cierto, de poco le sirvió a Solórzano haber complacido al Presidente porque ello pudo haber sido importante en la baja de la recaudación.
El caso es que estamos viendo que los criterios de gobernanza no tienen nada que ver con lo que se debe entender por ese concepto que, finalmente, tiene como objetivo la promoción del bien común que es la función esencial del Estado de Guatemala. Son criterios muy personales y políticos los que han dictado las decisiones que confirman la falta de comprensión que hay en el poder sobre la responsabilidad de gobernar. Y, sobre todo, corroboran que el eje central de la política del presidente Morales está en descabezar todo esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad y apuestan a avanzar en el rescate de un sistema que se evidenció podrido hasta el tuétano, para lo cual tienen que disponer de sus alfiles en puestos clave.
