Jorge Santos
Desde baches y cráteres en las carreteras hasta piso de tierra e inundaciones en las escuelas, Guatemala está que se viene derrumbando. Este derrumbe es producto, como suele ser en todos los derrumbes, de la acción erosiva de una tormenta de malas decisiones del Estado guatemalteco, representado por sus gobernantes y manejado por las tradicionales y no tan tradicionales élites económicas del país. El período post firma de la paz presentó la coyuntura en la que podrían producirse cambios estructurales en el país. Sin embargo, sirvió para abrir paso a las políticas neoliberales, consolidando el proceso de privatización: desinvertir en los servicios públicos justificar la necesidad de su venta y cobrar los beneficios de la corrupción para empresarios y funcionarios involucrados en el negocio.
21 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, el equivalente a cuatro generaciones, vemos el resultado de la infausta decisión de haber asumido una agenda contraria a la de la paz, que se resume en la asunción de políticas que hoy nos dejan en mayor desamparo. La salud, la educación, la comunicación e incluso el derecho a la libre locomoción son accesibles de forma segregada, según la capacidad de consumo. Esto ha implicado a nivel individual, familiar y comunitario la imposibilidad de acceder de forma universal-progresiva y equitativa a las oportunidades mínimas que implican el disfrute a los derechos humanos. La privatización, así como el desgaste en lo público nos continúa dividiendo en espacios, en relaciones y en oportunidades.
Los últimos dos períodos presidenciales han tenido la característica de hacer aún más visible lo que todos ya sabemos. Las alianzas entre la Iglesia, el Ejército, el empresariado y el Gobierno. Basta con ver las fotos de los eventos públicos de inauguración de carreteras, parques y festivales o escuchar los confrontativos discursos de alcaldes, presidentes y diputados. No se queda allí, hemos sido testigos de cómo a los negocios públicos de esa alianza se suman actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito…hasta el sicariato. Sí, todo esto en el marco de un Estado intencionalmente debilitado y ausente en aras de la falsa promesa que venía amarrada con chicle al impulso y expansión de la privatización.
Los resultados, como todo en este país, son de extremos. Para quienes se constituyen contratistas del Estado, inversionistas extranjeros o nacionales, alcaldes, diputados, vicepresidentes y presidentes las ganancias son onerosas. Para las y los demás se paga caro, con pobreza, con exclusión escolar, con violencia cotidiana. Sobre todo se está pagando con la vida de la niñez abusada, la niñez desnutrida crónica, las y los jóvenes sin juventud. Urge retomar fuerzas, retomar el sentido del pacto social guatemalteco que logre dotar a las instituciones del Estado la capacidad cumplir con su función primordial de garantizar el bien común por encima del privado, que vele por los derechos fundamentales de todos y todas y no por los privilegios de unos cuantos.
