Félix Loarca Guzmán
Los sorpresivos y arbitrarios aumentos al precio del gas propano, de la gasolina, las medicinas y los continuos incrementos de los artículos de consumo diario en general, están fomentando un ambiente de descontento, no solo entre los habitantes de las áreas urbanas, sino particularmente entre los trabajadores campesinos.
Ayer tuvimos oportunidad de escuchar un programa de teléfono abierto a través de Radio Punto, en el cual numerosas personas expresaron su indignación por este fenómeno, ante la inoperancia de la DIACO, que teóricamente debería intervenir en forma inmediata para frenar esos atropellos en contra de los derechos económicos de los grupos de menores recursos.
El cuadro es muy dramático, pues junto a la insaciable voracidad de la clase dominante, se evidencia una alarmante pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional, mientras los salarios permanecen estáticos.
Uno de los segmentos más golpeados es el de los jubilados, pues a pesar que tras bambalinas se negocian pactos colectivos laborales que conllevan aumentos salariales mediante la figura de bonos, los pensionados del Estado han sido olvidados con asignaciones de miseria, que apenas les alcanzan para sobrevivir con muchas limitaciones.
El artículo 114 de la Constitución Política de Guatemala ordena que conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos.
La ley de Clases Pasivas del Estado establece que estas revisiones se efectuarán cada vez que los servidores públicos en ejercicio de sus empleos obtengan aumento salarial, pero todo esto no se cumple.
En las empresas privadas, los salarios se mantienen inalterables, pues a sus representantes o dirigentes, lo único que realmente les interesa es seguir obteniendo grandes ganancias, a costa del desgaste de sus trabajadores.
En lugar de estar ejerciendo presiones a través de los medios de comunicación sobre los Magistrados de las cortes de justicia para que emitan fallos a favor de las empresas mineras, las cámaras patronales deberían preocuparse por mejorar las condiciones económicas de sus colaboradores.
Asimismo, deberían contribuir en forma efectiva a la protección del medio ambiente, ya que internacionalmente, se ha demostrado que la actividad extractiva de minerales preciosos como el oro, la plata y otros, es altamente perjudicial para las comunidades.
