Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En la mayoría de países democráticos la responsabilidad de los políticos y los funcionarios públicos resulta esencial para asegurar no sólo la transparencia sino el estricto apego a la ley. En algunos lugares quedan resabios de viejas prácticas en las que se blindaba a la autoridad para evitar que pudieran ser siquiera investigadas, no digamos perseguidas legalmente y Guatemala es uno de esos “paraísos de impunidad” donde una investidura pública trae aparejada la certeza de que no podrá ser objeto ni siquiera de una pesquisa. Y como tenemos un poder judicial que ha sido parte de la cooptación, resulta que históricamente el antejuicio se ha convertido en la chamarra con la que todos se tapan.
A raíz de las declaraciones de la pareja de Byron Lima respecto al caso del asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera, en las que expuso que el también asesinado oficial del Ejército le indicó que fue enviado con órdenes precisas de alterar la escena del crimen la noche en que el obispo fue vilmente muerto en la parroquia de San Sebastián, el Ministerio Público anunció que reiniciaría las investigaciones sobre ese crimen a la luz de lo que se destapó como parte del caso ya conocido como Caja de Pandora. Dentro de nuestra política de siempre dar oportunidad a todas las partes involucradas para que expresen su criterio sobre hechos que pueden ser polémicos, se contactó al abogado del ahora Alcalde para obtener su reacción ante el anuncio de la Fiscalía que conoce ese crimen paradigmático y su respuesta fue simple: su patrocinado no puede ser investigado porque goza de antejuicio.
Y si el Alcalde no puede ser investigado el crimen no puede ser investigado y por ello es que sostengo que vivimos en una situación aberrante en la que el imperio de la ley se topa con el muro de impunidad que se construye, en buena medida, a partir del derecho de antejuicio que es un anacronismo que debe desaparecer cuando en Guatemala tengamos la oportunidad de presentar un nuevo pacto social para modificar nuestra viciada y corrupta estructura política.
Hay casos paradigmáticos, pero los jóvenes de hoy, por ejemplo, no saben del diputado Elián Darío Acuña, de la Democracia Cristiana, electo en los albores de la mal llamada era democrática, quien se escudó en un antejuicio cínicamente para librarse de la responsabilidad de un proceso por delito contra la vida. Ello demostró cuán perverso es el derecho de antejuicio en las condiciones de nuestro país, donde prevalece el criterio de que “hoy por ti y mañana por mí”, lo que hace que los funcionarios siempre encuentren oportunidad para irse cubriendo mutuamente en la entonces remota eventualidad de un proceso en su contra, situación que vino a variar con la actitud de la CICIG y el Ministerio Público y que arrinconó a los poderes para dejar de estirar la chamarra.
El crimen de Monseñor Gerardi es uno de los tantos que en Guatemala quedaron en el misterio por la evidente participación de personas poderosas. Ahora se nos advierte que no puede haber investigación por el bendito derecho de antejuicio.
