Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
A raíz de un comunicado elaborado por varios colegas en el que se aborda parte de la situación actual del ejercicio del periodismo, los operadores de las redes sociales que tienen el encargo de atacar y destruir a todos los que insisten en hablar del tema de la corrupción dijeron que los periodistas que tanto alegan sobre la libre expresión, quieren “censurar” las redes sociales. Lo que el comunicado dice sobre la campaña que se desarrolla en internet y redes sociales es que contiene ataques y amenazas directas contra varios de los comunicadores desde cuentas abiertas con nombres falsos y desde las que se despotrica con puro criterio de peladero lanzando señalamientos contra medio mundo sin pruebas ni sustento.
La libre expresión no es un derecho absoluto puesto que, como todos los derechos, encuentra sus límites en el derecho que tiene cualquiera a que se le respete en su dignidad y para que no se le formulen acusaciones sin fundamento y. menos aún, que en nombre de la libertad para pensar y hablar, uno pueda proferir amenazas contra otras personas.
Los periodistas damos la cara con lo que pensamos y decimos, asumiendo plena responsabilidad por nuestros actos y sujetos al imperio de la ley porque cualquier ofendido sabe dónde encontrarnos, pedir aclaraciones si lo estima pertinente o iniciar los procesos que la ley establece para los casos de abusos o excesos en la libertad de expresión. Yo no hablo nunca de la libertad de prensa, porque la misma pareciera que se convierte en una libertad que únicamente beneficia a los periodistas y la verdad es que se trata de un derecho universal que tiene todo ser humano, pero debe ejercitarse con la responsabilidad del caso y los excesos no se pueden tolerar.
El tema de las redes sociales es especial porque cualquiera puede abrir una cuenta en ellas sin acreditar veracidad. Se pueden usar desde seudónimos, apodos o nombres falsos para formar parte de ellas y quienes sean afectados por la difusión de falsedades no tendrán jamás como deducir las responsabilidades del caso. Además, políticamente en Guatemala y en el mundo resulta muy fácil operar lo que ya se conoce como “netcenter”, es decir sitios desde donde una misma persona o un reducido grupo, puede manejar cientos y hasta miles de cuentas falsas para atacar a quien les venga en gana. Es tan serio el problema que se ha demostrado cómo desde Moscú, en cuanto Trump lanzó su intención de competir por la presidencia, se manejaron miles de esas cuentas que tuvieron un profundo impacto en la política norteamericana al punto de que fueron factor de desinformación a su favor y de ataque para sus adversarios republicanos y luego para Clinton.
Nadie puede pedir censura a las redes sociales, como dijeron los “netcenteros” ayer, pero sí se debe exigir que usando la tecnología sean desenmascarados y que se investigue a los financistas que les inyectan millonarias sumas para mantener la campaña de polarización a fin de desprestigiar la lucha contra la corrupción. De eso a una censura hay enorme diferencia, aunque también hay baturros que no lo pueden entender.
