Fernando Mollinedo C.
En términos generales, nuestra sociedad está urgida de un proceso volitivo, honrado, serio, ético, revalorativo y sobre todo honesto en todos los rubros de la vida cotidiana; desde los valores personales hasta velar porque los intereses sociales prevalezcan sobre los particulares.
La Historia de Guatemala nos revela un proceso político en descomposición y declinación de objetivos desde hace muchísimos años; podría decirse que es una situación inveterada con un ciclo de repetición cada 4 o 6 años; ello permitió que los partidos políticos encargados de la supuesta democracia fueran utilizados como vehículos para el enriquecimiento ilícito y su inconsistencia ideológica los haya convertido en objetos vulgares de mercado.
Desde 1986 se observa claramente el compromiso de la sociedad con los valores democráticos en continua transición; y uno de ellos es la preferencia de la mayoría ciudadana para recorrer de manera pacífica los procesos electorales depositando un alto grado de confianza en el Tribunal Supremo Electoral, cuyos integrantes dicen siempre, estar comprometidos con la legalidad, independientemente del partido político que los haya impulsado para encontrar un camino que evite la confrontación e inestabilidad social.
El proceso de guerra civil, enfrentamiento armado o conflicto interno, como quiera llamársele, expuso de primera mano las condiciones de vida de los indígenas (pueblos originarios) que hasta hoy, a pesar de la firma de “la paz”, representan una honda herida nacional que llama a negociar al diálogo para encontrar una verdadera reconciliación con el gobierno quien a través de la Historia, se ha comportado como el guardián de los intereses de los verdaderos dueños de Guatemala convirtiéndolo en súbdito, siervo y lacayo con funciones de verdugo social y principal enemigo de la población.
Los partidos políticos que “representan” a la población en el Congreso de la República rechazan enfrentar la urgente transformación para hacer posible el cambio democrático que, para desgracia de la población, ni siquiera ha sido considerada por los diputados, pues los liderazgos políticos en los que la sociedad confió sólo responden a la negativa ordenada por sus amos y señores financistas para que no haya cambios que hagan peligrar su condición de explotadores.
El hampa política que domina la estructura del régimen construyó acuerdos y contubernios para esquilmar los bienes del Estado, circunstancia que obligó a la población a mostrar su desprecio a la política corrupta; sin embargo, con su irresponsabilidad manifiesta, estos siguen con su sabotaje permanente que no es otra cosa que sabotear la vida de todos los guatemaltecos.
Deseamos una reconstrucción social y política que permita recuperar la confianza en la administración pública y organizaciones políticas para que emanen con responsabilidad las decisiones que traigan un cambio en la vida diaria de los habitantes del país y hacerla menos precaria; además, de cambios en quienes administren “el poder” y se manifiesten como personas humanas y no como los que demuestran que de humanos solo tienen la apariencia física.
