Víctor Ferrigno F.
En la madrugada del domingo pasado, el presidente Morales incursionó en los hogares guatemaltecos, mediante un video, en el que informó la peor decisión de su gobierno: declarar non grato al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, exigiéndole el inmediato abandono del país. Lamentablemente, los costos de este monumental yerro ya lo está pagando toda la nación.
Desde que el hijo y el hermano del Presidente fueron procesados por presunta corrupción, el mandatario tomó distancia de la Fiscal General y de Iván Velásquez. Fueron muchos los antecedentes de su irreflexiva decisión, destacando tres: no asistir al último informe de la CICIG, no invitar a la Fiscal General a la reciente reunión de presidentes de C.A. en Miami, y entrevistarse con el Secretario General de la ONU solicitándole que Velásquez se ciña a su mandato, pero sin presentar una queja formal.
Lo que comenzó como un malestar del mandatario, ha terminado muy mal, provocando una nueva división social, debido a una confrontación política azuzada por una prensa venal, y por las fuerzas oscuras que, desde el Mariscal Zavala, buscan revolver las aguas para lograr impunidad.
Lejos de encarnar la unidad nacional, Morales provocó una crisis institucional y política de enormes dimensiones, que marcarán el resto de su gobierno, si es que acaba el periodo. El 29 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió la controversia legal, al otorgarle un amparo provisional al nuevo PDH, dejando en suspenso definitivo la decisión del Presidente, por ser manifiestamente ilegal.
La resolución de Jimmy Morales fue declarada ilícita por las siguientes razones: a) el presidente resolvió solo, incumpliendo el mandato constitucional de actuar siempre con sus ministros; b) en este caso debió refrendar su actuación con el Canciller, para que tuviera validez; c) se fundamentó en normas constitucionales sin relación con su actuación; d) el pronunciamiento del mandatario cita una fecha al inicio y otra al final.
Además, la CC resolvió que Morales no puede declarar non grato y expulsar a Iván Velásquez amparado en el Convenio de Viena, porque en el Acuerdo firmado entre la ONU y Guatemala para constituir la CICIG, se establece que las controversias de resolverán negociadamente. Así, aunque se trata de un amparo provisional, el impedimento presidencial es definitivo y, además, es ilegal, lo que podría dar lugar a otro antejuicio en su contra.
Entre el madrugón y la ilegalidad de Jimmy Morales quedó una cauda de daños políticos, económicos y sociales, que agravarán la crisis institucional en curso, que se resume en que no hay gobierno nacional. Existen, eso sí, un montón de burócratas que cobran sueldo, pero que no responden a las necesidades ingentes de nuestra sociedad, no implementan políticas públicas coherentes, ni ayudan a salir del caos.
En el ámbito internacional, la respuesta fue inmediata, contundente y con consecuencias de largo plazo, condenando a Morales y apoyando a Iván.
En esta coyuntura la ciudadanía tiene que decidir si apoya la lucha contra la impunidad y la corrupción, o ser un Estado fallido donde estallará la confrontación.
Ya no aceptemos los pactos de élites en lo oscuro. Para resolver esta crisis, es necesario que los sectores sociales mayoritarios promovamos un gran debate nacional, representativo, legítimo, sumatorio e intercultural, que nos permita arribar a una Asamblea Nacional Constituyente, de poder originario, sin el lastre de los partidos corruptos, los empresarios venales y los militares represores. ¡Hoy es cuando!
