Creemos que de uno y otro lado del debate nacional hay opiniones superficiales que carecen de fundamento porque muy poca gente, entre la que obviamente no está el Presidente Jimmy Morales, ha leído el “Acuerdo de la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, mismo que puede encontrar ahora de manera textual en el sitio de internet de Diario La Hora para contribuir a una discusión informada y sensata.
Específicamente en lo que se refiere a la más grave acusación que hizo Morales en su segundo mensaje vía redes sociales, en el sentido de que el Comisionado Iván Velásquez se había entrometido en asuntos propios de los guatemaltecos al proponer la reforma constitucional al sector justicia, arrogándose la facultad de iniciativa de ley, punto toral de lo expuesto por el Presidente para descalificar al Comisionado, deben verse dos cosas puntuales. Primero es que el inciso C) del artículo 2º del acuerdo que contiene y detalla el mandato de la CICIG, se dice: “Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.” Nótese que se incluye la recomendación de reformas jurídicas e institucionales necesarias y los aparatos clandestinos han copado al sector justicia y de esa cuenta la propuesta de reforma era absolutamente indispensable.
Y segundo que no fue él, ni la Fiscal General o el entonces PDH, quienes llevaron al Congreso la iniciativa de reforma constitucional, sino que fue el Presidente de la República, señor Jimmy Morales, junto al Presidente de la Corte y el mismo Presidente del Congreso quienes presentaron al Organismo Legislativo la propuesta, en ejercicio de su muy fundamentada y reglada iniciativa para sugerir reformas a la Carta Magna.
Cuando se platica sobre lo que está pasando y se escuchan argumentos de uno y otro lado, es fácil ver que hay desconocimiento del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Se trata de un documento de ocho páginas, escrito en español, que contiene muy al detalle el objetivo del acuerdo entre Guatemala, como Estado que solicitó la Comisión, y Naciones Unidas que decidió apoyar a nuestro país en la lucha contra esa impunidad que, obviamente, tiene su raíz puntual en la corrupción generalizada existente en el país prácticamente desde que los Próceres crearon la primera Instancia Nacional de Consenso para robarse la idea de la Independencia y arrebatársela al pueblo.
