Adolfo Mazariegos
De más está indicar lo evidente que resulta el hecho de que los eventos de los últimos días, en el marco de las investigaciones y denuncias que han realizado el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -que siguen en proceso-, han desgastado notablemente la imagen pública del actual Presidente de la República. Y más allá de las consecuencias que puedan acarrear dichas acciones en planos individuales, una vez más se encienden las alarmas en cuanto a la realidad de que el sistema democrático y partidario del país, atraviesa (desde hace un buen rato ya) por una preocupante crisis institucional de considerables dimensiones que podría agudizarse si no se hace algo al respecto. La manifestación del sábado recién pasado en la Plaza de la Constitución y sus alrededores, demuestra que las motivaciones que provocaron las protestas de hace dos años, siguen latentes en la memoria de la ciudadanía, y, dadas algunas similitudes con los eventos de 2015, es sumamente importante que los actores tanto políticos como sociales, hagan prevalecer la prudencia y la seriedad en la actual coyuntura, a efecto de no exacerbar los ánimos ciudadanos que podrían caldearse con mucha facilidad e incrementar la polarización y la confrontación que ya se evidenció ayer después de que se diera a conocer la decisión presidencial de declarar non grato al comisionado Velásquez. La fragilidad del sistema es manifiesta, y el descontento popular empieza nuevamente a materializarse públicamente pidiendo la reanudación de los procesos de depuración que, en apariencia, de alguna manera, se habían iniciado un par de años atrás. En ese sentido, también crea expectativa (y por lo tanto, también es algo a considerar) la forma en cómo actúe el Organismo Legislativo en los próximos días, en virtud de la solicitud de antejuicio al Presidente que fue planteada el pasado viernes, y que deben conocer los diputados en el plazo y formas que para ello establece la ley. Por otro lado, la renuncia y/o destitución de ministros y funcionarios de alto rango, evidencia la existencia de fisuras y divisiones (o al menos divergencias de pensamiento que podrían traer situaciones ríspidas) en el seno del Ejecutivo, lo cual también crea incertidumbre en tanto que puede, en corto plazo, constituirse en otro elemento de consideración cuyos efectos sin duda incidirán en el desempeño de determinadas carteras, como en el caso de Salud Pública en donde ya trascendió que algunas entidades (Hospital General San Juan de Dios) han declarado alerta naranja. En términos generales, es triste y lamentable que crisis como la actual se sigan dando, porque ello pone de manifiesto la continuidad de problemáticas y prácticas que, en teoría, ya habían empezado a superarse, pero que siguen siendo parte de un sistema que se niega a desaparecer a pesar de las necesidades y demandas ciudadanas. Ojalá se vea en esta coyuntura, la oportunidad de por fin iniciar los cambios necesarios al sistema de los que tanto se ha hablado.
