Sandra Xinico Batz
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Hacer política estudiantil me permitió conocer la Universidad, algo que no hubiera sido posible si solo hubiese ido a estudiar. En Latinoamérica la Usac era la única universidad que tenía tanta injerencia (directa) en el Estado al integrar comisiones y otros espacios de representación dentro de este. Eso de que la Usac era un trampolín político empezó a cobrar sentido para mí, pues era claro que tanto estudiantes como trabajadores iniciaban desde acá su “carrera política” con miras a que en el futuro se convertirían en magistrados, jueces, ministros, presidentes o vicepresidentes.
En el 2015, Fuentes Soria logró lo que muchos siguen anhelando, ser vicepresidente del país, tal como lo hizo Jafeth Cabrera en ese mismo año pero a través de elecciones “democráticas” que le llevaron a serlo a pesar de que la gestión de este como rector de la Usac (de 1994 a 1998) fue una (más no la única) de las más corruptas de la historia de esta institución. El gobierno de Jafeth en la Usac marcó la transición de la Universidad que pasaba del Conflicto Armado Interno a la época de “posconflicto”, época que se identifica por la solidificación de los partidos políticos dentro de esta.
El poder que la Universidad había obtenido (y sigue obteniendo) de su participación en el Estado no se traducía en una oportunidad para la academia o el país, sino que se convirtió en la maldición de una institución que dejó a un lado lo académico y su principio de aportar a la solución de problemas nacionales y prefirió afinar la corrupción y establecer la cooptación como estrategia para desmovilizar la organización estudiantil y sindical.
Las políticas de la Universidad se encaminaron a reducir el acceso a la educación universitaria pública al punto de que (aproximadamente) solo 8 estudiantes de cada 100 que buscan ingresar lo logran en la actualidad, todo esto justificado con la excusa de la sobrepoblación y falta de recursos, los cuales existen, pero no son las únicas razones de la decadencia académica y política de la Universidad que no deja de ser también, un reflejo de la crisis del sistema educativo nacional.
El Estado hasta hoy mantiene una deuda millonaria con la Usac, contradiciendo la Constitución Política de la República, en su Artículo 84, Capítulo II, Sección 5ta, que establece que “la asignación del presupuesto no debe ser menor del 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado y se debe procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil”, lo cual no ocurre en la realidad. En 1940 la población estudiantil era de: 1 mil estudiantes y en el 2014 fue de: 195 mil estudiantes, pero su presupuesto no aumentó y cada año está recibiendo menos del 4% de lo que le corresponde para funcionar.
La educación es un negocio y la universidad pública no es ajena a esto. Su desgaste (provocado) justifica la privatización. Actualmente en el mercado encontramos más de 16 universidades privadas que concentran el 58% de la educación “superior” en Guatemala.
