Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Cada día surgen más evidencias de la manera en que se han enriquecido los funcionarios públicos, abusando de su cargo. Guatemala está sumida en el subdesarrollo y somos un país pobre, no por falta de recursos, sino porque los gobernantes se han encargado de dilapidarlos. La corrupción es estructural, porque el sistema ha sido diseñado para que, quienes están en el poder puedan disponer de él sin límites, ni candados.
Transformar un país, que está plagado por la corrupción, la impunidad y la ineficiencia requiere de una estrategia integral y una planificación de largo plazo. Como en la construcción de un edificio, de un puente, de una obra maestra, hay que empezar por hacer los planos y construir cimientos sólidos. Una obra nueva no se puede levantar sobre los escombros de una ruina.
Gracias a una investigación periodista de Nómada, sabemos cuáles son los intereses que se privilegian en el Congreso de la República, al momento de promulgar las leyes. Los congresistas buscan tener el control de todo el aparato Estatal. Por el contrario, en las sociedades donde se vive bajo un régimen de legalidad, las leyes tienen la característica de ser generales, abstractas, impersonales.
Transformar el sistema normativo es prioritario. Muchas de las leyes vigentes han sido diseñadas para facilitar el tráfico de influencias, cooptar las instituciones y permitir que los políticos puedan manipular a los funcionarios públicos. El gobierno ha sido el botín de los políticos de turno; así pagan favores y las contrataciones de bienes y servicios se convierten en su caja chica.
En nuestro medio se toma con naturalidad que un político llegue al poder para promover sus intereses personales y no los intereses del país; porque no existen mecanismos que permitan de forma efectiva sancionar dicha conducta. Las instituciones que conforman el Sector Justicia, las que debieran ser las responsables de investigar, de castigar los actos delictivos y hacer que se cumpla la ley, tienen grandes debilidades. Esto permitió que se fueran formando estructuras delictivas dentro del propio Estado. No es un secreto que las mafias, poco a poco se fueron apoderando de todas las instituciones. Estos grupos son quienes se oponen a que existan cambios, ya que se resisten a desaparecer.
La reforma constitucional del Sector Justicia, es un paso indispensable y prioritario para empezar a reconstruir nuestro país; porque la Constitución actual es una camisa de fuerza para la modificación de otras leyes. Hace falta garantizar la independencia del poder judicial, privilegiar la carrera judicial, contar con un sistema disciplinario efectivo y separar las funciones administrativas de las judiciales en la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de reforma se debe discutir con seriedad en el Congreso y la ciudadanía responsable tiene que estar muy atenta a la función legislativa, para evitar que los intereses partidarios se impongan sobre la justicia.
También hace falta buscar a los profesionales más capaces, honestos e independientes, para la función pública. Tener buenas leyes es tan importante como contar con funcionarios públicos competentes y éticos. Ambas cosas van de la mano, pero un marco normativo adecuado es requisito para motivar a los ciudadanos más destacados a involucrarse en la gestión pública.
Sin una reforma constitucional, la elección de los principales funcionarios de las instituciones del sector Justicia –Fiscal General, Magistrados, etc.– estará sujeta a la voluntad de las Comisiones de Postulación, que sabemos han sido cooptadas por el crimen organizado. No podemos esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Es URGENTE exigir la reforma constitucional.
