Félix Loarca Guzmán
Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvieron en Guatemala la semana pasada realizando una evaluación sobre la situación de esos derechos, quedando “espantados” por los vergonzosos niveles de desigualdad, discriminación, inseguridad ciudadana y las dificultades para el acceso a la justicia.
La delegación encabezada por el Presidente de la CIDH, el jurista peruano Francisco Eguiguren Praeli, tuvo la sensación que Guatemala vive una especie de encrucijada.
Uno de los principales temas de su examen, fue la degradante situación de los privados de libertad. Durante su visita a las cárceles del país, los expertos internacionales establecieron el grave problema del hacinamiento, ya que la cantidad de prisioneros triplica la capacidad de los centros de reclusión.
Uno de los integrantes de la Comisión, el jurista colombiano Luis Vargas, declaró al diario local Prensa Libre, que el problema de la sobrepoblación genera una cantidad de situaciones de violaciones a los derechos humanos.
Puntualizó que “hay un uso excesivo de la prisión preventiva”, ya que más del 50 por ciento de la población carcelaria se encuentra en esas condiciones mientras los tribunales dictan las respectivas sentencias.
En otras palabras se trata de un uso abusivo de la prisión preventiva. El cuadro es más grave, al considerar que muchos de los detenidos en esas condiciones, son personas acusadas de una probable infracción penal como consecuencia de accidentes de tránsito.
Se trata de personas sin antecedentes delictivos, que al ser internadas en las prisiones, pueden ser víctimas de abusos diversos, entre ellos violaciones y otros atropellos a su dignidad humana.
Los hallazgos de la CIDH, son un llamado de atención a los jueces encargados de la aplicación de la justicia, para que pongan freno a la prisión preventiva en casos como estos de ciudadanos involucrados en accidentes de tránsito, y en su lugar pongan en práctica el arresto domiciliario, que es una alternativa contemplada en las leyes de nuestro país.
Una política de esta naturaleza, no solo contribuiría a disminuir los niveles de inseguridad y violencia en las cárceles, sino podría ser un primer paso para descongestionar los centros de reclusión, dados los alarmantes niveles de hacinamiento y corrupción.
Mientras se tramitan los procesos judiciales, se debería beneficiar a los protagonistas de accidentes de tránsito que no hayan estado bajo efectos alcohólicos y que tengan su licencia en orden. Esta sería una forma eficaz de humanizar la justicia en Guatemala.
