Lic. Douglas Abadía C.
douglas.abadia@gmail.com
La vivienda se define como la morada o habitación, o sea el lugar donde las personas se alojan, descansan y recuperan energía para trabajar, conviven con su familia y vecinos, intercambian experiencias y sentimientos, se toman decisiones y se realizan actividades individuales y colectivas de la vida personal.
La vivienda es un derecho humano reconocido y respaldado a nivel nacional e internacional, porque este dignifica a la persona y le brinda seguridad. En Guatemala el artículo 105, de la Constitución de la República, menciona que «El Estado a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas que llenen las condiciones de salubridad. Los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley de viviendas que llenen los requisitos anteriores».
El problema de la vivienda mínima en Guatemala parece no tener solución, pese a que cada año aumenta la necesidad de los guatemaltecos y crecen los asentamientos humanos sin controles y bajo infrahumanas situaciones en las que germinan la violencia y la delincuencia ante la mirada indiferente de las autoridades.
Se trata de un problema que no discrimina a las personas por su edad o color de piel, aunque sí por su condición económica, de tal manera que los sectores excluidos son los que carecen de un lugar digno para vivir, lo que repercute en distintos aspectos de su desarrollo y de la falta de oportunidades para su superación.
De acuerdo con información del Fondo Guatemalteco de la Vivienda (Foguavi), del Ministerio de Comunicaciones, el déficit de vivienda llega a un millón 900 mil 207. De esa cifra se desprende el déficit cuantitativo de vivienda, conocido como la situación «donde el ciudadano carece absolutamente de una vivienda». En este rubro se identifica un total de 475 mil 703 casos, es decir el 43 por ciento.
Por otro lado se encuentra el déficit cualitativo, que representa a las personas que si bien poseen vivienda, esta no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, por estar construidas en condiciones precarias y carecer de los servicios básicos o por estar erigidas en zonas de alto riesgo que ponen en peligro la vida de sus habitantes. En este rubro se concentra un total de 744 mil 503 casos, lo que representa el 64 por ciento.
La pobreza, sumada a la corrupción y la poca voluntad política, ha hecho que en los últimos años hayan aumentado las barriadas populares en la ciudad y los municipios cercanos, proliferando los asentamientos humanos en los que se carece de los servicios mínimos.
En mi experiencia como asesor inmobiliario, he podido notar que sí existe tierra para poder utilizarla en proyectos habitacionales para los desposeídos y marginados; pues como todos saben, los inversionistas y constructores prefieren construir proyectos habitacionales para la clase media, media alta y adinerada; hasta el momento no ha habido una institución privada que se ilumine y se dé cuenta que desarrollando proyectos habitacionales populares pueden contribuir de forma paralela al desarrollo del país, aparte obviamente de garantizar su interés material.
El problema no solo es el alto porcentaje de déficit, sino que los avances para enfrentar este problema son escasos. En otros países, por ejemplo, se necesitan más casas, pero al menos vemos que la sociedad está trabajando de la mano con el Gobierno; mientras en Guatemala a lo más que se llega es a obtener un subsidio para comprar una casita con materiales de baja calidad en sectores altamente vulnerables a enfermedades de varios tipos, delincuencia, desintegración familiar, etc.
Es urgente comenzar por crear alianzas institucionales que lleven a la comprensión del problema de carencia de vivienda mínima, planifiquen y sobre todo ejecuten acciones que vayan encaminadas a enfrentar dicha problemática; este esfuerzo debe ir respaldado por una ley de vivienda en la que los representantes del pueblo en el Congreso de la República posean la visión suficiente para poder resolver de fondo el problema de vivienda en Guatemala.
Todas y todos tenemos derecho a una vivienda digna, en donde la familia se pueda desarrollar integralmente.
