El Plan de la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica fue la decisión más importante que se tomó en el gobierno de Obama para enfrentar el problema migratorio e inicialmente se encomendó al BID su coordinación como Secretaría Técnica, generándose una orientación a mejorar las condiciones de inversión y mejoramiento de la calidad de mano de obra, lo que dio lugar a que se le viera como un proyecto a favor de los empresarios de la región.
Una de las condiciones originales del plan es que Guatemala, Honduras y El Salvador coloquen una contrapartida que sea equivalente al aporte de Estados Unidos para los proyectos de desarrollo determinados, pero los tres países han acreditado como aporte gastos que ya estaban designados con anterioridad y que no guardan relación con la Alianza.
En estos días se está discutiendo seriamente el enfoque que debe tener el plan y con buen criterio se quiere amarrar la ayuda a nuevas condiciones que tienen que ver con el fortalecimiento institucional que implica la lucha contra la corrupción y la impunidad que deben tener un lugar preferencial en la nueva concepción. Porque se entiende que el problema de la migración tiene raíces muy diversas y también que la inversión necesita de un clima alejado de la corrupción para que sea provechosa para los pueblos.
En La Hora hemos dicho que el descalabro institucional no ha sido fruto de la casualidad sino de un bien elaborado plan para desmantelar al Estado de manera que quede, como está, al servicio de intereses totalmente divorciados del bien común. Afuera se entiende bien que no puede haber desarrollo en esas condiciones y por tal razón se privilegia el rescate de la institucionalidad como requisito indispensable para que haya inversión, empleo y se generen las oportunidades que harán que la gente se quede en su terruño.
Mientras subsista la política del saqueo de los fondos públicos, toda ayuda que venga será mal usada y es lo que pretenden evitar. Sobre todo luego de ver el comportamiento de políticos como Roxana Baldetti, contra quien se ha girado un pedido de extradición por el colmo de haber pactado con los narcotraficantes para incrementar su fortuna, razón por la cual cualquier plan que se quiera implementar tiene que estar debidamente comprometido con una visión de rescate de la transparencia y combate a la impunidad, como requisitos indispensables para que venga la inversión y se genere desarrollo.
