Sandra Xinico Batz
Desde que nuestros territorios fueron invadidos por los españoles hace 493 años, la tenencia de la tierra se consolidó como uno de los principales problemas que enfrentamos los pueblos originarios hasta hoy. El acceso a la tierra no sólo es inexistente para nosotros (y para otros grupos empobrecidos en el país) sino que además de esto, desde La Colonia el despojo, el saqueo, los desalojos y la expropiación de nuestros patrimonios son procesos que no cesan; acompañándose de extrema violencia y contando con la legitimidad del Estado y sus instituciones que se prestan completamente a que se consuman las violaciones a los derechos humanos de quienes deberían de proteger.
Miles de personas actualmente no poseen tierras y deben moverse de un lugar a otro para temporalmente tener donde habitar. Se les acusa de invasores y con esta categoría se les criminaliza y persigue hasta lograr desalojarlos, siempre buscando quitarlos de un lugar, pero nunca buscando una solución a lo que origina que las personas deambulen de un lado a otro: no tener tierras donde vivir. Todo desalojo implica violencia porque se da en contra de la voluntad de las familias que no tendrán a donde ir, poniendo en riesgo con esto, sus vidas.
Los medios de comunicación corporativos cumplen un papel muy importante para que socialmente se acepten y se validen los desalojos. Buscan legitimar la violencia e incluso las muertes que puedan darse en estos procesos con la idea de que las personas se lo merecen por ser “invasores” de tierras que no les pertenecen, haciendo ver esto “necesario” para “recuperar” el control y la posesión de los espacios.
Los desalojos jamás cuentan con un programa de reasentamiento y al Estado no le importa el futuro de las personas que desaloja. Su fin en recuperar o devolver la tierra al supuesto propietario pesa más que la vida de cientos de familias que se quedan en la calle con las manos vacías y con lo poco que tienen destruido porque no basta con quitarlos sino que, además, hay que quemarles las casas, matar a sus animales y destruir sus cultivos.
Actualmente, tan sólo en Petén, existen más de cien órdenes de desalojo potenciales impulsadas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -Conap- en contra de comunidades que incluso habitaban ese territorio antes de la invasión española. El 2 de junio fue desalojada la comunidad 2 de Junio en San Andrés, Petén, que se encuentra asentada en la Laguna Larga, desalojo que se llevó a cabo a pesar de que estaba activa una mesa de diálogo entre instituciones del Estado y la comunidad, luego de que comunitarios de la Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón presentaran una “Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible” buscando así y a través del diálogo, resolver su situación.
En este momento 105 familias permanecen entre la selva sin techo, alimento y servicios básicos. El 14 de junio se planea el siguiente desalojo en el área, esta vez le toca a la Comunidad La Mestiza.
