Con la acusación presentada contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, salen a relucir los otros cooptadores del Estado que durante los gobiernos de la «era democrática» han ido agarrando el control del poder por medio de financiamiento a los candidatos a puestos de elección popular. Es evidente que muchas veces este apoyo no ha sido solo para los presidenciables, sino que también los miembros del crimen organizado han comprado a sus alcaldes y a sus diputados y es por ello que el poder público en Guatemala es un reflejo del desorden que se vive por los poderes fácticos.
Tan mala es la cooptación de quienes de cualquier manera influencian a los políticos para proteger estructuras de crimen organizado transnacional como quienes lo hacen para garantizar sus operaciones de corrupción como se ha sabido con otros casos en que se dan millones a cambio de favores en contratos, contrataciones, favores fiscales, etc.
Resulta que igual que se dice con tanta fuerza del gobierno de Colom y su mujer, los vínculos entre los candidatos y las organizaciones criminales terminan siendo la plataforma con la que quieren lograr plataformas de poder local tanto como dinero para operar sus campañas para ir comprando los votos de la gente incauta.
Y eso lo saben los diputados muy bien porque muchos han nominado por cualquiera de estos dos poderes cooptadores para ser sus guardianes de los intereses correspondientes desde el pleno del Congreso. Es por ello que una verdadera reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no ha pasado y no pasará en el Congreso, siendo este el nido integrado por los verdaderos representantes de quienes se dedican a ordeñar al Estado protegiendo las estructuras de operaciones ilegales tanto de crimen organizado como de corrupción.
¿Quién de los 158 diputados puede separarse del resto y demostrar que no es igual? Y lo mismo pasa con todos los partidos políticos, así llamados sin razón, teniendo cada uno su pasado que demuestra que son organizaciones para repartirse botines en lugar de generadores de políticas para el beneficio del Estado.
El caso de Roxana Baldetti debe ser nada más que la formalización de algo que todos los guatemaltecos hemos sabido: que el dinero del narcotráfico y el de los corruptos es el que paga los votos en las campañas electorales.
Alcaldes, diputados y presidentes han sido pagados con esos recursos e, igual que con el caso cooptación, todas sus decisiones son para protegerlos a ellos. Por eso, Guatemala está como está y las necesarias reformas nunca jamás pasan.
