La decisión de la Presidencia de la República de pedirle al Ministerio de la Defensa que adquiera equipos para la construcción y mantenimiento de carreteras es absolutamente ilógica y cuestionable.
Es claro que todo lo relacionado con la infraestructura y, especialmente, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Comunicaciones ha estado marcado por terribles casos de corrupción, pago de financiamientos de campañas y por algunos de los más turbios casos de pagos de mordidas y comisiones a cambio de ser beneficiados con los contratos.
Sin embargo, también creemos que hacer uso del único Ministerio que tiene discrecionalidad en el gasto y que por ello se convirtió en la “caja chica” para que los gobiernos puedan hacer y deshacer sin tener que rendir cuentas, es una decisión equivocada y contraria a las políticas de transparencia que deberían garantizarse.
Lo que se debe buscar es que las entidades correspondientes puedan ser ejecutoras de obras y así garantizar que se haga un verdadero esfuerzo por la transparencia y el valor justo de cualquier contrato con proveedores. El Ejército no es transparente y lo muestra la forma en que están acorralando al oficial que denunció en un libro los malos manejos.
El problema es que Guatemala se ha acostumbrado a lo que dijo aquel enviado de la OIM de que “no hay obra sin sobra”, y por ello es tan cuestionable la orden para usar partidas secretas que nunca podrán ser auditadas por nadie.
Si ya fue complicado que el Ejército estuviera cumpliendo tareas de seguridad ciudadana por las que manda facturas al Ministerio de Gobernación sobre las cuestionadas plazas que reportan y que, según muchos, no cuadran con el número de efectivos que realizan tal apoyo a la PNC, no digamos ser los encargados de hacer caminos y carreteras.
De pupitres, pasando por maquileros y ahora a albañiles, seguramente que la oficialidad no se mostrará molesta con estas disposiciones porque es con lo que se les garantiza que habrá recursos para su institución.
Pero la verdad es que no debemos, como país, seguir invirtiendo equivocadamente de manera que se debilita la institucionalidad y se retuercen las responsabilidades porque ni es tarea de los militares mantener la infraestructura, hacer los escritorios para las escuelas o coser los uniformes de la policía, como tampoco lo sería de los médicos de andar haciendo patrullajes aprovechando que están despiertos a medianoche. Esto huele tan mal como los contratos con aquellas empresas a las que les pagan con obra el financiamiento de las campañas.
