Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Washington es una ciudad donde cuesta mucho mantener secretos porque los intercambios de información constituyen parte muy importante del trabajo cotidiano y las filtraciones que mantienen preocupado al gobierno de Trump han sido moneda corriente. Por ello es que resultó tan fácil para los congresistas Norma Torres, demócrata de California y John Moolenaar, republicano de Missouri, lograr una votación unánime para una resolución de apoyo a los esfuerzos que se hacen en los países del Triángulo Norte de Centro América en contra de la corrupción, puesto que se ha regado la voz de que poderosos intereses, especialmente en Guatemala, están librando una férrea batalla contra los entes que han investigado los casos de esa corrupción que debilita la institucionalidad.
Se habla aún de cómo es que, recién pasadas las elecciones que ganó Trump, empezó la romería de personajes poderosos que llegaron a cabildear para promover el fin del apoyo a las acciones que Washington había mantenido en tiempos de Obama para fortalecer el ataque a la corrupción. Ciertamente los contactos fueron con congresistas republicanos para tratar de aprovechar la nueva ola política para desmontar, junto con el Obamacare, la política exterior que privilegió en nuestros países ese esfuerzo por la transparencia para terminar con el robo de los recursos que tenían que servir para impulsar el desarrollo humano en estas latitudes, pero hasta los más conservadores sintieron profundo recelo cuando se escuchó que lo que pretendían era poner fin al apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad y al Ministerio Público, recurriendo a los absurdos argumentos que han sido tan exitosos en Guatemala, de que se trata de entidades dirigidas por socialistas que quieren hacer de nuestro país otra Venezuela. Obviamente ese petate del muerto que tanto les ha ayudado en Guatemala no produjo los mismos efectos en Washington ni siquiera con los más conservadores republicanos.
Lo que pasa es que mundialmente los esfuerzos contra la corrupción son vistos como un fuerte avance para apuntalar el Estado de Derecho y generar la certeza jurídica, mientras que en Guatemala, donde todos los negocios jurídicos con el Estado se hacen mediante el pago de mordidas, mucha gente dice que el ataque a la corrupción ha generado falta de certeza jurídica porque se ponen en duda derechos que fueron adquiridos tras el pago de algún soborno. Ese argumento, al plantearlo a políticos de otros países termina siendo demoledor para quienes están atrás de las campañas para destruir a gente como Velásquez y Aldana.
Lo que ocurre es que no se pueda extrapolar la experiencia aldeana nuestra a la realidad política de países que valoran mucho la transparencia en el ejercicio de la función pública y donde existen mecanismos de transparencia para impedir que se produzcan actos de corrupción. Aquí basta con decir que atrás de todo están una partida de comunistas para que la sociedad cierre filas frente al “peligro” perversamente inventado, pero esa treta no produce los mismos resultados donde hay más interés por la realidad y se conocen a fondo las intenciones.
