Luis Enrique Pérez
Algunos de los ciudadanos que defienden el proyecto de reforma de la Constitución Política, afirman que quienes se oponen a ese proyecto conspiran para impedir que, en nuestro país, impere la justicia. Conspiran para evitar maravillosas victorias cotidianas del derecho, obstruir triunfales batallas de la ley, e imposibilitar gloriosos veredictos imparciales de los jueces. Aludo al proyecto originalmente propuesto por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público, la Presidencia de la República, y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Presuntamente, esos ominosos opositores y mefistofélicos conspiradores constituyen fuerzas tan obscuras que de ellas, como de los cósmicos agujeros negros que conciben algunos físicos teóricos, no puede brotar algún mísero destello de luz. Son agentes del mal, que disfrutan, como de un exquisito vino, de la injusticia, y ansían promoverla para incrementar ese disfrute; y precisamente detestan el proyecto propuesto de reforma constitucional porque amenaza con arrojar, sobre las tinieblas de injusticia que sufre la patria, luminosos torrentes de justicia.
Todos los ciudadanos que demandan justicia como si fuera el bien más precioso de la sociedad, tendrían que emprender la persecución de aquellos ominosos opositores y mefistofélicos conspiradores, para someterlos a un novedoso proceso judicial, es decir, no contemplado en ley alguna del país; y condenarlos a prisión vitalicia, y hasta condenarlos a muerte. Habría que perseguirlos, juzgarlos y condenarlos, no porque meramente se oponen a un proyecto de reforma constitucional y conspiran para destruirlo, sino porque el objeto de esa oposición y esa conspiración es el más sabio proyecto de reforma constitucional que ha sido propuesto para que en nuestro país impere, con benevolente despotismo, una beatífica administración oficial de justicia.
Tendríamos que creer que los ciudadanos a los que aludimos, aman la justicia, no solo por un acto de lúcida consciencia, sino por una benéfica fuerza genética. O debemos creer que la aman no solo por un acto de piadosa voluntad, sino porque el Universo, ansioso de mostrar el poder de la relación de causa y efecto, ha impuesto ese amor, y entonces puede afirmarse que amar la justicia es su inevitable destino. Y precisamente en el proyecto de reforma constitucional que con sublime ardor defienden, encuentran una mágica encarnación de su amor por la justicia, y una jubilosa confirmación de que su destino es ese amor. Empero, quienes se oponen a ese proyecto, y conspiran para destruirlo, odian la justicia, y su destino es odiarla.
También tendríamos que creer que solo ellos, exclusivamente ellos, quieren una patria que sea ejemplo mundial de justicia; o que solo ellos, exclusivamente ellos, poseen una suprema sabiduría para discernir entre un proyecto de reforma constitucional que crearía un paraíso de justicia, y uno que no lo crearía sino que conservaría un infernal estado de injusticia; o que solo ellos, exclusivamente ellos, son los emisarios que la más generosa divinidad ha enviado a nuestro país para provocar una sensata aproximación a una consolatoria justicia celestial.
Según ellos mismos, los ciudadanos, en general, tendrían que haber aceptado el proyecto de reforma constitucional como si fuera una bíblica tabla de la ley, e hincarse, agradecidos, ante los divinos y misericordiosos autores del proyecto, y jurar que, con santa ceguera, lo ratificarían mediante consulta popular. En particular, los diputados no tendrían que haber sometido el proyecto a un proceso de aprobación, sino solo besar, con legislativa lealtad, los pies del director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de la Jefe del Ministerio Público, del Presidente de la República, y del Procurador de los Derechos Humanos; y luego del beso, quizá fogoso y gratificante, haber exigido a la autoridad electoral que convocara a una urgentísima consulta popular, so pena de catástrofe nacional.
Post scriptum. El régimen de administración oficial de justicia que el proyecto de reforma constitucional propone, es extraordinariamente más corruptible que el régimen actual.
